Guillermo Valencia Reyes*
Cada 30 de agosto, el calendario cívico internacional coloca frente a nosotros al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Para Michoacán, esta conmemoración significa familias enteras suspendidas en la incertidumbre, sillas vacías en las mesas de miles de hogares, de madres que recorren campos y barrancas con una pala al hombro porque las instituciones llamadas a buscar a sus hijos llegaron tarde, cuando llegaron. Por la cercanía constante que tengo con las víctimas de este cruento delito, afirmo con convicción que la desaparición de personas constituye la herida más profunda que atraviesa hoy a nuestra entidad, por encima incluso de las cifras de homicidio doloso que ocupan las primeras planas.
Conviene recordar por qué la fecha de 2006 resulta tan significativa también para México: fue justamente en esos años cuando el registro sistemático de personas desaparecidas comenzó a crecer con fuerza, en paralelo al estallido del fenómeno del crimen organizado en el país. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas documenta hoy más de ciento treinta y dos mil ochocientas personas que continúan sin ser encontradas, y las cifras por sexenio hablan por sí solas. Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2006 y 2012, se contabilizaron alrededor de diecisiete mil personas desaparecidas. Esa cifra casi se duplicó con Enrique Peña Nieto, que cerró su sexenio con cerca de treinta y dos mil quinientos casos. Y con Andrés Manuel López Obrador la crisis se triplicó respecto a Calderón, hasta superar las cincuenta y tres mil personas desaparecidas, el peor sexenio en la historia reciente del país. Este dato no lo digo yo: lo documenta el propio Registro Nacional que administra la Secretaría de Gobernación.
En menos de dos años de gobierno, la actual administración federal acumula ya cerca de veintiún mil personas desaparecidas, más que el sexenio completo de Felipe Calderón.
Y aquí llega el dato que merece toda nuestra atención en la víspera del Segundo Informe de Gobierno que la presidenta Claudia Sheinbaum rendirá este martes primero de septiembre. En apenas los primeros trece meses de su gestión, las desapariciones aumentaron setenta y cuatro por ciento respecto al arranque del gobierno anterior, y para agosto de 2026 la administración federal acumula ya casi veintiún mil casos, una cifra que rebasa el total completo del sexenio de Calderón en menos de la mitad del tiempo. La desaparición forzada puede provenir tanto de agentes del Estado como de particulares vinculados al crimen organizado, y es justamente esta segunda modalidad la que hoy explica el grueso del incremento.
Existe una diferencia fundamental entre un homicidio y una desaparición que conviene explicar con claridad. Cuando hay un homicidio doloso, por dolorosa que resulte la pérdida, la familia sabe dónde está su ser querido: hay un cuerpo que velar y un lugar donde sepultarlo, aunque en Michoacán el conteo independiente de medios como La Voz de Michoacán ha documentado en distintos periodos un número de homicidios muy superior al que reconocen las estadísticas oficiales del gobierno estatal. En el caso de la desaparición, en cambio, la incertidumbre resulta total: la familia ignora si su hijo, su hermano o su padre continúa con vida o si ya fue asesinado, y en los casos más graves, esa persona termina siendo reclutada por la fuerza para engrosar las filas del crimen organizado.
El mecanismo de captación se repite con espeluznante regularidad en distintas regiones del país, Michoacán incluido. Ofertas de empleo publicadas en redes sociales atraen a jóvenes que buscan una oportunidad honesta, muchos de ellos sin vicios ni antecedentes; una vez que aceptan, se les indica trasladarse a alguna central de camiones, con Guadalajara entre los puntos de encuentro más señalados, y de ahí son conducidos a campos de adiestramiento que operan como auténticos centros de reclusión. Desde ese momento, la vida de esos jóvenes cambia para siempre: quienes intentan negarse a integrarse a las filas criminales terminan asesinados y sus cuerpos, incinerados o depositados en fosas clandestinas, como quedó documentado en el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Michoacán, además, concentra una particularidad que merece mención especial: el cónsul de Colombia en México ha reconocido que cientos de excombatientes y exmilitares colombianos, reclutados como mercenarios por organizaciones criminales, operan mayoritariamente en nuestra entidad, adiestrando a sicarios locales en tácticas de guerra.
A estas causas se agrega la debilidad persistente de las instituciones de procuración de justicia y búsqueda, cuya capacidad operativa continúa rebasada por la magnitud del problema, así como la fragmentación territorial de la autoridad, que en amplias zonas rurales y serranas convive con el control efectivo de grupos armados. El desplazamiento interno forzado, fenómeno que impulsé tipificar en el Código Penal estatal durante la pasada legislatura, guarda relación directa con las desapariciones, pues ambos flagelos comparten el mismo origen: el despojo territorial ejercido mediante violencia y amenaza.
Michoacán cuenta ya con una Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, con colectivos de familias buscadoras que asumieron tareas que corresponderían al Estado, y con un marco legal federal que reconoce la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad imprescriptible. Desde el Congreso local promoví, junto con la diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel, la reforma que incorporó al Código Penal el desplazamiento interno forzado como delito autónomo, aprobada en junio pasado. Impulsé también una iniciativa específica para tipificar el reclutamiento forzado, con penas de hasta cuarenta años en los casos más graves, precisamente porque quienes son levantados de sus casas o de la calle para integrarse a las filas del crimen organizado, sean menores de edad o adultos obligados a pagar la cuota humana que exige un grupo criminal, son víctimas y merecen ser tratados como tales.
Las cifras de la propia Comisión de Búsqueda del estado documentan la magnitud del problema. Entre enero y julio de este año se contabilizaron catorce mil ciento seis personas desaparecidas y localizadas en Michoacán. De ese total, siete mil novecientos cincuenta y cuatro, más de la mitad, permanecen sin ser encontradas: seis mil ochocientos ochenta y cuatro hombres y mil doscientos sesenta y seis mujeres. Morelia concentra la proporción más alta del estado, con tres mil doscientos noventa y tres casos, cifra que representa casi una cuarta parte del total estatal. La entidad acumula, además, cuarenta y ocho municipios identificados con alta incidencia de este delito, lo que especialistas de la propia Comisión Nacional de Búsqueda describieron como un auténtico corredor de la muerte que atraviesa distintas regiones michoacanas. Durante el periodo que coincidió con el Mundial de Futbol de este verano, Michoacán encabezó a escala nacional el número de desapariciones registradas en el país, con ciento ochenta y ocho casos documentados entre el once de junio y el diecinueve de julio.
Del total de personas localizadas en lo que va del año, cinco mil cuatrocientas siete fueron encontradas con vida y setecientas cuarenta y cinco sin vida. Esa proporción, cercana a ocho de cada diez encontradas con vida, ofrece un margen de esperanza que jamás debe leerse como motivo de conformidad, porque detrás de cada caso localizado sin vida existe una familia que esperó durante meses o años una noticia distinta.
Cada desaparición que permanece en la sombra alimenta la cifra negra que hoy encubre la verdadera dimensión de esta tragedia.
Existe, sin embargo, una realidad que ninguna cifra oficial logra capturar por completo: la cifra negra. Organizaciones civiles y familias buscadoras coinciden en que el subregistro nacional de desapariciones supera con amplitud los datos oficiales, en un país donde, según la Encuesta Nacional de Victimización, más del noventa por ciento de los delitos jamás llega a denunciarse. El miedo a represalias, la desconfianza en la autoridad y el desconocimiento de los procedimientos de búsqueda explican que un número indeterminado de familias michoacanas opte por callar en lugar de acudir ante el Ministerio Público. Cada desaparición sin denunciar representa una familia adicional que enfrenta su duelo en absoluto aislamiento y una persona adicional que las instituciones jamás buscarán, porque el Estado la trata como si jamás hubiese existido.
Sobre el destino final de quienes son arrancados de sus hogares para integrarse por la fuerza a las filas criminales, las cifras disponibles también resultan reveladoras.
Especialistas en reinserción social estiman que siete de cada diez personas reclutadas de manera forzada terminan desempeñando labores de sicariato. Michoacán tiene identificados a más de tres mil quinientos menores de edad en situación de riesgo de reclutamiento forzado, entre hombres y mujeres. De aplicarse esa proporción nacional a la población michoacana en riesgo, hablaríamos potencialmente de miles de jóvenes de la entidad que hoy portan un arma o vigilan una esquina, no por decisión propia, sino porque fueron domados mediante coacción, amenaza o el secuestro de sus propias familias.
Ninguna cifra, por exhaustiva que resulte, sustituye el nombre propio de quien falta en una mesa familiar. Y, sin embargo, hoy resulta revelador observar el silencio con el que las autoridades atraviesan esta fecha. Jamás vemos a los gobiernos, ni al federal ni al estatal, organizar un solo acto para reconocer los errores y las omisiones que permitieron que este flagelo proliferara durante casi dos décadas. Quisieran que este día pasara inadvertido, que nadie lo mencionara, porque conmemorarlo con honestidad equivaldría a admitir el fracaso más contundente del Estado mexicano para garantizar el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho de la niñez y la juventud a crecer en un entorno seguro. Invisibilizar esta fecha equivale a claudicar ante la obligación de combatir el problema que hoy lastima a miles de familias michoacanas y mexicanas.
Resulta indispensable fortalecer presupuestal y operativamente a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, dotándola de peritos forenses suficientes, bancos genéticos actualizados y protocolos de búsqueda inmediata desde las primeras horas, precisamente cuando la probabilidad de encontrar con vida a una persona resulta mayor. Urge, además, que el Congreso local complete la tipificación del reclutamiento forzado como delito autónomo, así como el fortalecimiento de las fiscalías especializadas en desaparición con capacitación específica en investigación con perspectiva de contexto, más allá del caso individual.
Las políticas de prevención dirigidas a la niñez y la juventud en los municipios de mayor riesgo merecen convertirse en prioridad presupuestal, con programas educativos y de oportunidades económicas que ofrezcan alternativas reales frente al reclutamiento criminal. Finalmente, el acompañamiento psicosocial y económico a las familias buscadoras, hoy sostenido casi enteramente por el esfuerzo de los propios colectivos, exige convertirse en obligación institucional permanente.
Hago un llamado directo a las autoridades estatales y municipales de Michoacán para que asuman la búsqueda de personas como política de Estado y jamás como agenda coyuntural sujeta al calendario electoral. Exhorto al Congreso local a dictaminar con celeridad la iniciativa de tipificación del reclutamiento forzado, hoy detenida en comisiones mientras la realidad avanza con mayor velocidad que el proceso legislativo. Pido a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Búsqueda abrir canales de comunicación permanente y confianza genuina con los colectivos de familias buscadoras, quienes conocen el territorio mejor que cualquier funcionario.
Y convoco a la ciudadanía michoacana a perder el miedo a denunciar, porque cada caso que permanece en la sombra alimenta la cifra negra que hoy encubre la verdadera dimensión de esta tragedia. Michoacán merece dejar de contar a sus muertos y a sus ausentes en cifras, y comenzar a contarlos, uno por uno, de regreso a casa.
¡México y Michoacán merecen una revolución institucional y social!
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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y dirigente del PRI en Michoacán