Guillermo Valencia Reyes*
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum ocupó un palco en Nueva Jersey para presenciar la final de la Copa del Mundo, invitada por el presidente de Estados Unidos. Participó en la entrega del trofeo más codiciado del futbol mundial y cumplió, según sus propias palabras, con un compromiso diplomático de Estado.
El mismo boleto que meses atrás rechazó para la inauguración del torneo enla Ciudad de México, cuando prefirió mantenerse alejada del público que la eligió, terminó convertido en asiento de honor en tierra extranjera para acompañar a Donald Trump, lejos del veredicto ciudadano ese que da y retira legitimidad. La imagen resulta elocuente por sí misma: la jefa del Ejecutivo mexicano estuvo presente donde convenía a la fotografía internacional y estuvo ausente donde correspondía estar, en casa, con su gente, el día que México abrió el Mundial que tanto costó traer al país.
La contradicción de esa doble decisión merece leerse junto con otra declaración de la propia mandataria, pronunciada apenas unos días antes en Tulum, que revela muchosobre el estilo de gobierno que padecemos los mexicanos. Durante una gira por Quintana Roo, Sheinbaum increpó públicamente al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas frente a funcionarios y turistas. Le exigió resolver conflictos con prestadores de servicios en el Parque del Jaguar y pronunció una frase: hay que gobernar con sentido común y para la gente, y cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, entonces está mal. Acto seguido, ordenó al funcionario que dejara de cumplir la norma.
Ese icónico momento explica buena parte de lo que sucede en México: por qué se cancelan licitaciones sin fundamento alguno, por qué se otorgan permisos donde antes se negaban, por qué se maquillan “por sentido común” los indicadores delictivos y por qué las instituciones normativas parecen funcionar según el humor presidencial de cada gira y no según la ley.
El sentido común que invoca la presidenta es un eufemismo por aplicar un criterio discrecional unipersonal. Aquí está el problema de fondo: un país se sostiene sobre normas escritas precisamente porque el criterio personal, por bien intencionado que se presente, cambia con el ánimo, con la conveniencia política y con quien esté enfrente.
Cuando la presidenta de la República instruye públicamente a un funcionario federal para que incumpla la ley que está obligado a aplicar, envía una señal a toda la administración pública: la discrecionalidad sustituye a la legalidad.
Michoacán ya conoce las consecuencias de ese modelo. Aquí hemos visto licitaciones amañadas al amparo del sentido común de quien gobierna, propiedades del estado que se desincorporan sin transparencia suficiente, homicidios dolosos desaparecidos y obras millonarias como el teleférico de Uruapan que avanzan por encima de prioridades sanitarias o educativas más urgentes. La lógica de gobernar por decreto emocional termina beneficiando siempre a quien tiene el poder de decidir qué norma se cumple y cuál se descarta. Esa asimetría constituye la verdadera definición de arbitrariedad, aunque desde la presidencia se le llame de otra manera.
México conserva instrumentos para contener el abuso: el Poder Legislativo mantiene facultades de fiscalización; los órganos autónomos que sobreviven a la reforma judicial todavía pueden emitir criterios técnicos independientes y la prensa libre sigue documentando episodios con el detalle necesario para que la ciudadanía forme su propio juicio, como ocurrió esta semana con la grabación de Tulum.
En los estados, los partidos de oposición tenemos representación en los congresos locales, desde donde podemos exigir comparecencias, solicitar informes y proponer reformas que blinden a la administración pública frente a instrucciones que contravengan la ley. En el Revolucionario Institucional hemos hecho sentir nuestro peso.
La fiebre mundialista terminó el domingo con el pitido final en Nueva Jersey. Este lunes veinte de julio, México despierta de la fiesta para enfrentar una agenda que exige seriedad institucional, justo cuando la presidenta regresa al país tras su viaje. Arranca en la Ciudad de México la tercera ronda de negociaciones del T-MEC, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, un ejercicio que definirá si el país conserva condiciones competitivas para la industria automotriz, el acero, el aluminio y la agricultura, actividades económicas que sostienen buena parte del empleo formal en México y en Michoacán en particular.
Los productores michoacanos de aguacate, berry, limón y todos los exportadores que dependen del trato preferencial con el mercado estadounidense observan con atención legítima si los representantes de México asumirán una postura firme y técnica o si terminan cediendo por el “sentido común”, bajo instrucción presidencial. Más aún, un gobierno que trata las normas ambientales como obstáculos negociables frente a la fotografía del momento difícilmente inspira la certeza jurídica que reclaman los inversionistas y los socios comerciales en una mesa donde se juega nuestra permanencia nacional.
Michoacán tiene mucho que perder si la negociación se conduce con la misma improvisación que ordenó incumplir la norma en Tulum. Más aún, nuestra tierra conoce y ha pagado, literalmente, con sangre, el costo de gobernar por impulso. Toca ahora exigir que la fiesta mundialista termine también para la discrecionalidad y que la certeza normativa regrese con la misma fuerza con la que México celebró su Mundial, sin que la economía de Michoacán esté en vilo ante negociaciones internacionales en donde se juega nuestro futuro.
Michoacanos, mantengamos la conciencia despierta: terminó el eco de los goles. Ahora, tengamos presente que intentan imponernos el sentido común como sustituto de la ley. Esa suplantación terminará, tarde o temprano, derrumbando a las instituciones que están para hacer valer nuestros derechos y libertades. No lo permitamos, porque se arruina nuestra economía, nuestro medio ambiente y nuestro futuro social. ¡México y Michoacán merecen una revolución institucional y social!
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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y dirigente del PRI en Michoacán