Guillermo Valencia Reyes*
El viernes pasado, en la 21 Zona Militar de Morelia, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a hacer lo que mejor sabe hacer en Michoacán: presumir una paz que no existe con cifras que no resisten el cruce más elemental con la realidad. Flanqueada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la mandataria federal habló del llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y anunció, de la mano de la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, que los homicidios dolosos cayeron 46 por ciento, al pasar de un promedio diario de 4.32 en enero de 2025 a 2.33 en junio de 2026. Se dijo, incluso, que junio de 2026 fue el mes con la cifra más baja desde 2015.
Desde el PRI Michoacán llevamos meses documentando, cifra por cifra, cadáver por cadáver, que ese relato es una construcción de escritorio. No lo decimos por sospecha ni por consigna: lo demostramos con nuestro propio ejercicio de monitoreo ciudadano, contrastando la nota roja de un solo diario de circulación estatal contra el registro oficial que el gabinete de seguridad federal exhibe cada mes en la mañanera. El resultado, correspondiente exclusivamente a junio de 2026, es contundente y lo hemos documentado en nuestro reporte de subregistro, que hoy hacemos público nuevamente.
Nuestro seguimiento diario, del 1 al 30 de junio, documentó 32 personas asesinadas que no aparecen en la estadística que el gobierno federal y estatal presumen como logro. No hablamos de sospechas ni de rumores: hablamos de fecha, lugar, modo y circunstancia, tomados de una sola fuente hemerográfica estatal, sin cruzar siquiera con reportes de organizaciones de víctimas o colectivos de búsqueda, quienes, sin duda, documentarían todavía más.
El gobierno de Michoacán reportó oficialmente 70 homicidios dolosos en junio, cifra con la que la entidad se ubicó en el sexto lugar nacional. Sumando únicamente los 32 casos adicionales que nuestro monitoreo detectó y que el registro oficial no contempla, la cifra real se eleva a 102 homicidios dolosos en el mes. Con 102 casos, Michoacán no estaría en sexto lugar, sino en tercero, solo por debajo de Guanajuato y Sinaloa.
Esa es la diferencia entre gobernar con la verdad y simular con relaciones públicas. Y tiene un efecto aritmético todavía más grave: si Michoacán hubiera reportado honestamente sus 102 casos, la reducción del 46 por ciento que la Presidenta presumió ayer con tanto orgullo se desmoronaría de inmediato. Del total de la “mejora” estadística que el gobierno atribuye a junio, al menos 31 puntos porcentuales de reducción se explican, no por la ausencia de violencia, sino por la ausencia de esos 32 nombres en el papel. No se combatió el crimen: se combatió el registro.
Nadie niega que existan detenciones, aseguramientos y despliegues. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presumió ayer 1,300 personas detenidas por delitos de alto impacto desde octubre de 2024, 1,400 armas aseguradas y más de 35 toneladas de droga, además de la identificación de un “líder” del Cártel Jalisco Nueva Generación operando en la entidad. El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, confirmó públicamente que desde noviembre de 2025 han detectado 625 minas sembradas por la disputa entre el CJNG y grupos locales en Tepalcatepec, Coalcomán y Apatzingán, así como nos dijo que el crimen organizado opera con drones armados en territorio michoacano.
Es decir: el propio gabinete de seguridad federal reconoció, en la misma conferencia donde presumió “paz”, que en Michoacán hay minas antipersonales, drones con explosivos y un cártel expandiéndose hacia la Tierra Caliente. ¿Dónde está la doble contradicción? En que ese mismo día, y en el mismo estado, un diario de circulación estatal documentaba en sus páginas de seguridad, sin ningún esfuerzo periodístico especial, la detención de un operador identificado como jefe de plaza del CJNG en Uruapan, la vinculación a proceso de otro presunto líder criminal capturado con metanfetamina, la detención de dos personas por un feminicidio en Ocampo, un hombre asesinado por un vehículo que se dio a la fuga en la carretera Uruapan-Pátzcuaro, y amenazas explícitas —con arreglo floral incluido, un mensaje de intimidación bien conocido en esta tierra— contra un activista social en Uruapan. Esa es la “paz” de la que se ufana el discurso oficial: la de las cifras, no la paz de las calles.
Lo que e no se mencionó ni una sola vez en el discurso presidencial ni en el del gobernador fue el asesinato reciente de policías en Nahuatzen, municipio que forma parte de esa misma Meseta Purépecha que la mandataria recorrió. Una Presidenta que visita la región, reparte presupuesto, se fotografía con niñas y niños vestidos con indumentaria tradicional y anuncia cuarteles de la Guardia Nacional, no puede darse el lujo de ignrar a los elementos de seguridad caídos en cumplimiento del deber a escasos kilómetros de donde ella sonreía para las cámaras. No pedimos que el discurso se vuelva un obituario permanente: pedimos que se nombre a quien murió sirviendo al Estado en la misma región donde se presume un plan de justicia. Omitir a los policías caídos de Nahuatzen mientras se presume la “paz” en la Meseta es una decisión política. Y es exactamente el mismo capricho político el que borra a 32 michoacanos de la estadística de homicidios. Se calla lo que incomoda al relato; se presume lo que lo adorna.
Michoacán no necesita más mañaneras triunfalistas ni más giras presidenciales de buenas noticias. Necesita que el gobierno estatal y federal esté dispuesto a contar a sus muertos con el mismo entusiasmo con el que cuenta sus millones de pesos en construcción de clientelas electorales bajo el maquillaje de programas sociales.
Mientras eso no ocurra, seguiremos aquí, cruzando cifras, nombrando a quienes el poder prefiere olvidar y exigiendo que la paz de Michoacán deje de medirse en puntos porcentuales de escritorio y empiece a medirse en vidas efectivamente protegidas.
¡México y Michoacán merecen una revolución institucional y social!
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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y dirigente del PRI en Michoacán