Por el Ensayista de San Nicolás
La democracia universitaria no comienza el día en que se deposita un voto. Comienza mucho antes, cuando se construyen reglas ciertas, generales, imparciales y conocidas por todos; cuando quienes aspiran a gobernar la Universidad saben de antemano cuáles son sus derechos y obligaciones; cuando la comunidad conoce quién puede votar, cómo habrá de hacerlo, cómo se contarán los votos y qué mecanismos existirán para defender la legalidad del proceso. Por eso resulta preocupante que, a estas alturas del calendario universitario, apenas se discuta el Reglamento que pretende conducir la elección de quien habrá de ocupar la Rectoría de la Universidad Michoacana durante el periodo 2027–2031. El problema ya no es solamente jurídico. Es también temporal, democrático y, necesariamente, político.
Lo paradójico es que el propio proyecto reconoce la gravedad del retraso. Su artículo 5 establece que la Comisión Especial debería instalarse a más tardar el 15 de septiembre y que la convocatoria tendría que emitirse, como fecha límite, el primero de octubre del año previo al cambio de Rectorado. Sin embargo, llegado octubre, las reglas apenas se están discutiendo. Y frente a esa realidad no se propone recuperar el tiempo perdido mediante mayores garantías, sino modificar excepcionalmente el calendario: el artículo segundo transitorio permite que, para esta primera elección, la convocatoria se expida hasta el 30 de octubre de 2026. Dicho de otra manera: el propio Reglamento reconoce que una elección rectoral ordinaria necesita comenzar antes, pero pretende que precisamente la primera elección bajo el nuevo modelo pueda comenzar casi un mes después.
Ahí aparece la primera gran interrogante. Si el primero de octubre fue considerado normativamente como el límite razonable para convocar, ¿por qué el proceso más novedoso, complejo y delicado de todos puede esperar hasta el 30 de octubre? La respuesta no puede encontrarse en la naturaleza del proceso, porque éste requiere más preparación, no menos. Tampoco en la necesidad de garantizar una participación más amplia, porque ello exigiría mayor tiempo para informar y deliberar. La explicación parece encontrarse en otro lugar: los tiempos institucionales ya no alcanzaron y ahora se pretende que la norma se adapte al retraso. Cuando una disposición transitoria deja de resolver excepcionalidades y comienza a corregir retrospectivamente la falta de oportunidad de la autoridad, el problema deja de ser meramente técnico.
Por eso lo advertimos desde antes: los tiempos no daban. Y hoy dan todavía menos. No se trataba de una afirmación retórica ni de una estrategia para desacreditar anticipadamente el proceso. Era simple aritmética institucional. Antes del cambio de Rectoría deberán realizarse el registro de aspirantes, la verificación de requisitos, la resolución de las inconformidades correspondientes, las campañas, la auscultación mediante voto universal, el cómputo, la publicación de resultados, la integración del cuarteto, las eventuales impugnaciones y, finalmente, la deliberación y elección por la Comisión Especial. Todo ello requiere tiempo si se pretende hacerlo seriamente. Comprimir esas etapas no acelera la democracia: reduce sus garantías.
La preocupación aumenta cuando se analiza qué es lo que realmente regula el proyecto. El artículo 1 afirma que su objeto consiste en regular el procedimiento de elección “en todas sus etapas”. Pero al llegar al artículo 13 descubrimos que una buena parte de las reglas fundamentales se dejan para después: será la convocatoria la que determine plazos de registro y calificación, periodo, lugares y reglas de campaña, fecha y horario de la auscultación, cómputo y publicación de resultados, integración y envío del cuarteto y hasta los plazos de las sesiones correspondientes. La contradicción es evidente: se presenta como Reglamento de todas las etapas un ordenamiento que reserva elementos esenciales de esas etapas a una convocatoria todavía inexistente.
Esto es especialmente delicado porque una convocatoria no debe crear el sistema electoral; debe ejecutarlo. Las reglas esenciales tienen que existir antes de conocer quiénes competirán y antes de que comience la contienda. Ésa es una garantía elemental de imparcialidad. Mientras más cuestiones fundamentales se dejen para una convocatoria posterior, mayor será el margen de quienes controlen su elaboración para diseñar las condiciones concretas bajo las cuales habrá de desarrollarse la elección. No afirmo que necesariamente ese margen será utilizado indebidamente; afirmo algo jurídicamente más importante: un sistema democrático serio no debería permitir que pudiera ser utilizado de esa manera.
El ejemplo más elocuente se encuentra en la expresión que podría constituir el mayor avance democrático de la reforma: el voto universal de la comunidad universitaria. El artículo 3 establece que de esa auscultación surgirá el cuarteto que será remitido a la Comisión Especial. Sin embargo, el Reglamento no desarrolla suficientemente algo tan elemental como qué significa ese voto universal. No establece expresamente en esa disposición que deba ser libre, directo, secreto, personal e intransferible; tampoco resuelve de manera clara si todos los sufragios tendrán idéntico valor o existirá alguna ponderación entre los sectores que el propio Reglamento reconoce: profesorado, alumnado y personal administrativo.
Más grave todavía: no existe una regulación suficiente del padrón electoral. Y hablar de voto universal sin establecer con claridad quiénes pueden votar, cuál será la fecha de corte, cómo se publicará y depurará el padrón, cómo se resolverán las exclusiones indebidas y qué ocurrirá con quienes pudieran pertenecer simultáneamente a más de un sector significa proclamar el derecho antes de construir las condiciones necesarias para ejercerlo. Una elección no se vuelve democrática porque se utilice la palabra “universal”. Se vuelve democrática cuando la universalidad puede comprobarse y defenderse.
Tampoco se explica suficientemente cómo se transformarán los votos en el famoso cuarteto. El proyecto señala que el Consejo Universitario aprobará y enviará a la Comisión Especial “el cuarteto que resulte del cómputo”, pero no establece en esa disposición qué sucederá ante un empate en la cuarta posición, una renuncia, una inelegibilidad sobrevenida o cualquier otra circunstancia que altere su integración. Son cuestiones que pueden parecer menores hasta el día en que ocurren. Y precisamente para eso existen los reglamentos electorales: para resolver los problemas antes de que tengan nombre y apellido.
Pero existe una contradicción democrática todavía mayor. La comunidad universitaria votará; de esa votación surgirá un cuarteto; pero la decisión definitiva permanecerá en manos de la Comisión Especial. El artículo 12 le concede la atribución de “elegir y designar” a la Rectora o Rector entre las candidaturas remitidas, mientras que el artículo 11 establece que bastarán seis votos de sus integrantes y que, si nadie los obtiene, la votación se repetirá cuantas veces resulte necesario. Esto permite una posibilidad jurídicamente inquietante: que una persona obtenga de manera contundente el primer lugar en el voto universal y, aun así, termine siendo elegida quien quedó en cuarto lugar, sin que el Reglamento establezca una obligación reforzada de explicar por qué la voluntad mayoritaria de la comunidad fue desplazada.
Entonces debemos atrevernos a formular la pregunta incómoda: ¿estamos construyendo una elección democrática o una auscultación legitimadora de una decisión que finalmente podrá tomarse al margen del orden expresado por la comunidad? La diferencia no es semántica. Si el voto únicamente sirve para seleccionar cuatro nombres y después esos cuatro comienzan prácticamente desde cero ante la Comisión Especial, debemos decirlo con claridad. Y si, por el contrario, pretendemos que la voluntad universitaria tenga verdadero peso democrático, también debemos establecer sus efectos jurídicos.
A ello se agrega una concentración institucional difícil de ignorar. La Comisión Especial instrumentará el proceso, organizará sus etapas, lo vigilará, será su garante, recibirá y dictaminará inconformidades y finalmente elegirá a la persona titular de la Rectoría. No se trata de cuestionar anticipadamente la honorabilidad de quienes la integren. Precisamente porque las instituciones no pueden depender exclusivamente de la honorabilidad personal, las normas democráticas construyen contrapesos, impedimentos, excusas, reglas de conflicto de interés y controles objetivos. La confianza en las personas nunca debe sustituir al diseño institucional.
El sistema de inconformidades tampoco ofrece, en su redacción actual, la robustez que requeriría una elección de esta naturaleza. Los artículos 16 y 17 reconocen la posibilidad de inconformarse, pero dejan aspectos esenciales del procedimiento sin desarrollar y remiten incluso los tiempos a lo que determine posteriormente la convocatoria. Una defensa que no cuenta previamente con términos ciertos, reglas claras de audiencia y prueba, oportunidad de contradicción y efectos jurídicos definidos corre el riesgo de convertirse en un mecanismo formal que existe en el papel, pero llega demasiado tarde para reparar efectivamente una violación.
A este panorama debe añadirse la ausencia de una regulación suficientemente detallada sobre neutralidad institucional y equidad. El proyecto involucra en la difusión del proceso a diversas dependencias de la administración universitaria y a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación. Precisamente por ello deberían existir prohibiciones contundentes respecto del uso de recursos, personal, instalaciones, medios institucionales, bases de datos y estructuras administrativas para favorecer o perjudicar candidaturas. En una elección en la que eventualmente pudiera participar una persona vinculada con la administración en funciones, estas garantías no son un lujo reglamentario: son una condición indispensable de credibilidad.
Y es aquí donde todas las piezas comienzan a producir una preocupación política legítima. El retraso, la compresión artificial de los tiempos, la delegación de reglas fundamentales a una convocatoria posterior, la indefinición de aspectos esenciales del voto universal, la concentración de facultades en la Comisión Especial y la ausencia de contrapesos suficientemente desarrollados permiten prever un proceso susceptible de ser conducido a modo de la Rectoría en funciones. Debe cuidarse la precisión: el proyecto, por sí mismo, no demuestra que exista ya un resultado predeterminado ni permite afirmar como hecho consumado que habrá fraude. Lo que sí permite sostener es que su arquitectura deja espacios de discrecionalidad que resultan especialmente preocupantes cuando quien ejerce el poder institucional participa, directa o indirectamente, en el entorno político del proceso.
Una elección “a modo” no necesariamente se construye alterando votos el día de la jornada. Puede comenzar mucho antes: administrando los tiempos, definiendo tardíamente las reglas, controlando las condiciones de competencia, reduciendo el espacio para campañas, dejando incertidumbre sobre los mecanismos de defensa y conservando márgenes amplios de decisión después de que la comunidad haya votado. La democracia contemporánea enseña justamente eso: no basta contar correctamente los votos si las condiciones anteriores y posteriores a la votación no garantizan una competencia auténticamente equitativa.
Existe, además, una disposición que resume buena parte del riesgo. El artículo 18 establece simplemente que “lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por la Comisión Especial”. La cláusula sería menos preocupante en un ordenamiento exhaustivo. En uno que deja sin desarrollar múltiples aspectos esenciales, significa conceder a quien organizará, vigilará y finalmente decidirá la elección la posibilidad de resolver durante el camino aquello que el Consejo Universitario omitió establecer previamente. Las reglas de una competencia democrática no deben escribirse mientras los competidores ya están corriendo.
San Nicolás merece algo distinto. La Universidad Michoacana tiene ante sí la oportunidad histórica de abandonar definitivamente las decisiones construidas entre unos cuantos y abrir la sucesión rectoral a la participación efectiva de su comunidad. Pero sería una paradoja dolorosa que el voto universal terminara funcionando como una envoltura democrática para conservar mecanismos de decisión esencialmente discrecionales. La democracia universitaria no consiste en permitir que miles voten para que unos cuantos decidan después sin una vinculación suficientemente clara con aquella voluntad.
Todavía existe oportunidad de corregir. El Consejo Universitario puede establecer padrones ciertos, voto libre, directo y secreto, reglas previas de campaña, neutralidad institucional, equidad en medios, mecanismos efectivos de impugnación, procedimientos claros de cómputo, consecuencias jurídicas de los resultados y obligaciones reforzadas de fundamentación y motivación para la decisión final. Puede también impedir que la falta de previsión normativa sea sustituida por decisiones discrecionales durante el proceso. Hacerlo no significa obstaculizar la elección. Significa darle legitimidad antes de que comience.
Porque el problema de fondo sigue siendo el mismo que advertimos desde hace meses: el tiempo se agotaba y hoy prácticamente se agotó. No es jurídicamente serio pretender recuperar en semanas lo que debió construirse durante meses. Mucho menos trasladar a la comunidad universitaria las consecuencias de una demora que ella no provocó. Si para cumplir el calendario se sacrifican deliberación, campaña, defensa, información o certeza, podremos llegar puntualmente al cambio de Rectoría, pero difícilmente podremos afirmar que llegamos democráticamente.
La Universidad Michoacana no necesita una elección que simplemente produzca una Rectora o un Rector el día señalado. Necesita una elección capaz de producir legitimidad. Y la legitimidad no se decreta en un artículo transitorio, no se fabrica mediante propaganda institucional y no nace solamente de colocar urnas. Se construye con reglas previas, árbitros imparciales, competencia equitativa, tiempo suficiente y respeto efectivo a la voluntad universitaria.
De mantenerse las omisiones actuales y de comprimirse artificialmente el proceso para compensar el retraso institucional, quedará inevitablemente una pregunta sobre la mesa de San Nicolás: ¿se diseñó el proceso para que la comunidad eligiera, o se permitió que la comunidad votara dentro de un proceso previamente diseñado para conservar el control de la sucesión?
Todavía corresponde al Consejo Universitario decidir cuál de esas dos historias quiere escribir.
Porque una elección democrática necesita votos; pero, antes que votos, necesita reglas. Y cuando las reglas llegan tarde, incompletas y susceptibles de modificarse sobre la marcha, la sospecha de una elección a modo deja de ser una consigna y se convierte en una preocupación institucional que merece ser atendida.

