Por el Ensayista de San Nicolás
El verano terminó. Las aulas volverán a llenarse, los pasillos recuperarán su movimiento y la vida universitaria retomará su ritmo cotidiano. Sin embargo, el regreso no debería limitarse a reiniciar clases o reactivar oficinas. Después de varias semanas de distancia, quizá sea el momento de hacer algo mucho más importante: reflexionar con serenidad sobre el rumbo que ha tomado nuestra Universidad y sobre el tipo de comunidad que queremos construir cuando esta administración llegue a su fin.
Antes del receso se escribió que el verano representaba una oportunidad para pensar, lejos de la intensidad de los acontecimientos diarios, en el legado que dejaría un rectorado que entra en sus últimos meses. Se advirtió entonces que la historia no juzgaría únicamente las reformas legales aprobadas o las nuevas carreras creadas, sino si la Universidad salía de este periodo más libre, más democrática y más fuerte, o simplemente más obediente.
Durante estas semanas también se abrió un debate particularmente intenso en torno al denominado Programa de Sustentabilidad Docente. Se le presentó como una política de justicia laboral, pero diversos análisis han sostenido que la verdadera discusión no radica en la necesidad de otorgar estabilidad a los profesores de asignatura —objetivo que nadie razonablemente puede cuestionar—, sino en el procedimiento utilizado para alcanzarla. El problema no es la estabilidad; el problema es si ésta puede construirse prescindiendo de los concursos de oposición, de los derechos de preferencia y antigüedad, del mérito académico y de las reglas que la propia Universidad estableció para garantizar transparencia e igualdad.
Ese debate no es menor. Los concursos de oposición existen porque constituyen el mecanismo mediante el cual una universidad demuestra que las plazas académicas no pertenecen a quien ocupa temporalmente un cargo administrativo, sino al conocimiento, a la preparación, a la experiencia y al mérito. Sustituir ese procedimiento por decisiones discrecionales no sólo afecta derechos laborales; también compromete el derecho humano de los estudiantes a recibir una educación impartida por quienes objetivamente acrediten ser los mejores perfiles académicos.
Pero hoy, cuando el verano ha concluido, quizá exista una reflexión todavía más importante que la estrictamente jurídica.
Vale la pena preguntarse si el costo que ha pagado la comunidad universitaria realmente justifica los beneficios obtenidos por algunos.
La pregunta no va dirigida únicamente a quienes diseñaron el programa. También interpela, con absoluto respeto, a quienes fueron favorecidos con nombramientos definitivos.
¿Vale la pena haber aceptado una estabilidad cuya legitimidad ha dividido profundamente a la comunidad universitaria?
¿Vale la pena cargar durante años con el señalamiento permanente de haber sido beneficiario de un procedimiento cuya legalidad continúa siendo objeto de cuestionamientos?
¿Vale la pena sacrificar la convivencia con compañeros de décadas por una decisión administrativa tomada por una autoridad cuyo periodo está próximo a concluir?
Nadie puede reprochar a un trabajador el legítimo deseo de obtener estabilidad laboral. Ese anhelo es natural y profundamente humano. Lo que sí corresponde preguntarse es si esa estabilidad puede construirse sobre la fractura de una comunidad académica que deberá seguir conviviendo mucho después de que quienes hoy gobiernan la Universidad hayan dejado sus cargos.
Las administraciones son pasajeras.
Los grupos políticos cambian.
Las rectorías terminan.
Pero los profesores permanecen. Los investigadores permanecen. Los estudiantes permanecen. La Universidad permanece.
Precisamente por ello, las decisiones tomadas en los últimos meses no deberían convertirse en una barrera permanente entre universitarios que, al final, comparten una misma vocación: enseñar, investigar y formar generaciones.
Dentro de pocos meses la Universidad iniciará una nueva etapa institucional. Llegará un nuevo proyecto universitario, con nuevos desafíos y con la oportunidad de reconstruir aquello que durante los últimos años se deterioró: la confianza entre colegas, el respeto a las diferencias, la credibilidad de las instituciones y la convicción de que nadie debe estar por encima de las normas.
Ese nuevo comienzo exigirá generosidad de todos.
También de quienes hoy consideran haber obtenido un beneficio.
Porque ningún nombramiento vale más que la unidad de una comunidad académica.
Ninguna administración merece que los universitarios se conviertan en adversarios permanentes.
Ningún proyecto político justifica que el compañerismo construido durante décadas sea sustituido por la desconfianza.
La Universidad Michoacana ha sobrevivido a crisis mucho más profundas precisamente porque, al final, los universitarios han sabido reencontrarse. La historia demuestra que las rectorías pasan; la institución permanece. Los cargos terminan; la vocación académica continúa. El poder administrativo es temporal; la dignidad universitaria debe ser permanente.
Por eso, el regreso a clases no debería ser únicamente el final del verano. Debería ser también el inicio de una reconciliación basada en la legalidad y no en el silencio; en el mérito y no en el privilegio; en la igualdad y no en la discrecionalidad.
Todavía estamos a tiempo de corregir.
Todavía estamos a tiempo de reconstruir la confianza.
Todavía estamos a tiempo de demostrar que la Universidad Michoacana puede recuperar aquello que históricamente la distinguió: ser una comunidad donde las diferencias se resuelven con argumentos, donde las plazas se obtienen por mérito y donde la legalidad nunca depende de quién ocupa temporalmente el poder.
Porque cuando dentro de algunos meses esta administración sea únicamente parte de la historia, todos seguiremos compartiendo los mismos salones, los mismos pasillos y la misma responsabilidad de formar a las nuevas generaciones.
La verdadera sustentabilidad de una universidad no consiste en perpetuar privilegios ni en dividir a su comunidad para beneficiar a unos cuantos. La auténtica sustentabilidad consiste en construir instituciones tan sólidas que sobrevivan a cualquier rectorado y en preservar una comunidad tan unida que ningún proyecto político pueda volver a enfrentarla consigo misma.