Por el Ensayista de San Nicolás
Durante semanas, la narrativa oficial ha insistido en que la elección del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales fue el episodio que evidenciaba una supuesta crisis de violencia en la Universidad Michoacana. Desde la Rectoría se construyó un discurso en el que aquella elección fue presentada como el origen de la inestabilidad institucional y como la justificación para adoptar decisiones extraordinarias que terminaron por vulnerar principios elementales del debido proceso y de la autonomía universitaria. Sin embargo, conforme el tiempo transcurre y los acontecimientos se suceden, esa narrativa comienza a desmoronarse bajo el peso de los propios hechos. La pregunta obligada ya no es quién provocó aquella supuesta crisis, sino quién terminó verdaderamente exhibido por los procesos electorales posteriores.
Conviene recordar un dato que deliberadamente se ha omitido en el discurso oficial. Los hechos de los que tanto se habló ocurrieron fuera de las instalaciones universitarias y, conforme al marco jurídico de la propia Universidad, no constituyen materia sobre la cual las autoridades universitarias ejerzan competencia disciplinaria. A pesar de ello, aquellos acontecimientos fueron utilizados como argumento político para construir una imagen de caos institucional y justificar decisiones cuya motivación parecía encontrarse previamente definida. La violencia terminó siendo más útil como instrumento narrativo que como realidad jurídica.
Paradójicamente, fue la elección del Consejo Universitario la que vino a demostrar dónde se encontraba realmente la crisis. En ese proceso sí ocurrieron hechos directamente vinculados con la actuación de las autoridades universitarias: candidaturas revocadas de manera oficiosa, resoluciones emitidas fuera de los términos previstos en la convocatoria, validaciones efectuadas cuando los plazos ya habían fenecido y decisiones administrativas que sustituyeron el cumplimiento de la norma por la conveniencia política del momento.
Todo ello representa algo más grave que simples irregularidades procedimentales. Significa la normalización de un modelo de gobierno donde las reglas dejan de ser límites para el ejercicio del poder y pasan a convertirse en instrumentos moldeables según las necesidades de quienes controlan las instituciones. Cuando ello ocurre, las elecciones dejan de ser ejercicios democráticos y se transforman en mecanismos destinados únicamente a legitimar decisiones previamente tomadas.
A este escenario se añadió un hecho particularmente delicado. Diversos participantes denunciaron la presencia de personas que fungían como escoltas o personal de seguridad del candidato identificado públicamente con la Rectoría, Gabo Mendoza, cuya actuación fue percibida como un mecanismo de intimidación hacia otros contendientes. Más allá de las responsabilidades que eventualmente pudieran determinarse, la sola existencia de un ambiente de presión resulta incompatible con los principios de libertad, igualdad y equidad que deben regir cualquier proceso electoral universitario.
Sin embargo, el dato más revelador no proviene únicamente de esa elección. La propia comunidad universitaria comenzó a acudir a los tribunales federales para reclamar derechos que la Universidad debió garantizar desde un inicio. Ese fenómeno constituye, por sí mismo, el diagnóstico más severo sobre el estado que guarda actualmente la legalidad universitaria.
Especialmente ilustrativo resulta el caso del **Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE)**, donde la elección del Consejo Universitario tuvo que celebrarse un día después gracias a la suspensión concedida dentro de un juicio de amparo. Lo verdaderamente significativo es que el conflicto no nació por la inconformidad de un candidato, sino porque integrantes de la comunidad académica denunciaron haber sido excluidos desde el origen del procedimiento al no recibir siquiera la convocatoria para participar en el proceso electoral. Cuando una comunidad universitaria necesita acudir a un Juez de Distrito para que se le reconozca el derecho elemental de ser convocada a una elección, queda demostrado que el problema no reside en quienes reclaman, sino en quienes organizan los procesos.
Ese episodio desmiente cualquier intento por reducir la crisis institucional a una sola Facultad. Muy por el contrario, evidencia que las irregularidades alcanzan diversas dependencias universitarias. A ello debe agregarse la existencia de cuando menos otros cinco juicios de amparo promovidos por integrantes de la comunidad universitaria que consideran vulnerados sus derechos político-universitarios al haber sido excluidos o impedidos de participar en distintos procesos electorales. La constante intervención de la justicia federal revela que el conflicto ya no puede explicarse como una suma de inconformidades individuales; demuestra la existencia de una crisis institucional donde los mecanismos internos han dejado de ofrecer garantías suficientes de legalidad, imparcialidad y acceso igualitario a la participación democrática.
Todo ello conduce a una conclusión inevitable: la descomposición institucional nunca estuvo concentrada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La verdadera crisis se encuentra en la forma en que hoy se gobierna la Universidad. Allí donde las convocatorias no llegan a todos los integrantes de la comunidad, donde algunos son excluidos desde el inicio del procedimiento, donde las reglas cambian sobre la marcha, donde las resoluciones aparecen fuera de los plazos legales y donde los tribunales federales terminan garantizando derechos que la propia Universidad debió proteger, el problema deja de ser un hecho aislado para convertirse en un problema estructural de gobernanza universitaria.
En ese contexto adquieren un significado particularmente preocupante las recientes declaraciones de la Rectora, quien sostuvo que gracias a que continúa al frente de la Universidad ésta no enfrenta una situación de inestabilidad. La afirmación, probablemente pronunciada con la intención de transmitir confianza, termina proyectando una concepción profundamente personalista del poder. El mensaje implícito parece reducirse a una idea inquietante: mientras permanezca la Rectora, la Universidad permanecerá estable. Es, en términos simbólicos, la peligrosa noción de que la institución se identifica con quien circunstancialmente la dirige; una especie de «la Universidad soy yo», incompatible con la naturaleza democrática y colegiada que históricamente ha caracterizado a la Universidad Michoacana.
Las instituciones no existen para depender de una persona. Existen precisamente para sobrevivir a quienes temporalmente ejercen los cargos públicos. La fortaleza de una universidad reside en la vigencia de sus normas, en el respeto a sus órganos colegiados y en la confianza que la comunidad deposita en la imparcialidad de sus procedimientos. Cuando esa fortaleza pretende sustituirse por la permanencia de un liderazgo personal, comienza a erosionarse el verdadero fundamento del gobierno universitario: el Estado de Derecho.
Al final, los procesos electorales recientes dejaron un resultado muy distinto al que algunos imaginaron. Ganó la evidencia. Perdió la narrativa que intentó convertir a la Facultad de Derecho en el origen de todos los males universitarios. Perdió el discurso que pretendía justificar decisiones excepcionales a partir de hechos ocurridos fuera de la competencia de las autoridades universitarias. Perdió la idea de que bastaba señalar a un adversario para ocultar las profundas deficiencias del sistema institucional.
Pero, por encima de todo, perdió la Universidad. Porque cada convocatoria que no llega a quienes tienen derecho a participar; cada candidatura excluida sin fundamento suficiente; cada resolución emitida fuera de los plazos legales; cada elección que necesita ser corregida mediante un juicio de amparo; cada proceso electoral cuestionado por la propia comunidad universitaria, representa una nueva fractura en la confianza institucional. Y cuando una universidad pierde la confianza de quienes la integran, comienza también a perder la autoridad moral con la que pretende formar juristas, científicas, científicos, humanistas y ciudadanos comprometidos con la legalidad.
La respuesta a la pregunta inicial resulta entonces inevitable. ¿Quién ganó y quién perdió? Nadie puede proclamarse vencedor cuando la principal derrotada termina siendo la legalidad universitaria. Porque cuando el poder sustituye al derecho, las victorias políticas son siempre efímeras, pero el daño causado a las instituciones permanece por generaciones.