Por el Ensayista de San Nicolás
En las universidades públicas existen órganos de fiscalización por una razón elemental: garantizar que el ejercicio del poder se mantenga dentro de los límites de la legalidad. Su función no es castigar disidencias, ni disciplinar voluntades, ni convertirse en instrumentos de control político. Cuando estos órganos se utilizan con otros fines, dejan de ser contrapesos institucionales y se transforman en mecanismos de presión que deterioran la vida universitaria.
En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo comienza a consolidarse una percepción inquietante: la de una universidad donde la vigilancia administrativa ha empezado a sustituir al diálogo institucional. Los citatorios individuales emitidos por la Contraloría a consejeros universitarios y estudiantiles, en el marco de expedientes por supuestas faltas administrativas, no pueden analizarse de manera aislada. Forman parte de un clima institucional más amplio en el que el control, la intimidación y el miedo parecen convertirse en herramientas de gobernabilidad.
La modalidad elegida resulta particularmente reveladora. Los consejos universitarios y técnicos son órganos colegiados. Su razón de ser es deliberar colectivamente, discutir posiciones diversas y adoptar acuerdos que quedan consignados en actas y documentos oficiales. Cuando una autoridad investigadora desea conocer los hechos ocurridos en su seno, lo natural sería acudir a las actas, solicitar información institucional o incluso requerir la comparecencia del órgano en su conjunto. Sin embargo, lo que se observa es otra cosa: la citación individual de consejeros, particularmente estudiantes, aislándolos del contexto colegiado que les da respaldo institucional.
La lógica detrás de esta práctica es conocida en cualquier sistema de control político: fragmentar al órgano colegiado para debilitarlo. Cuando se convoca a los integrantes de manera individual se rompe el principio de representación colectiva y se introduce un elemento de presión psicológica. El mensaje implícito es claro: cada consejero queda solo frente al aparato institucional.
Así se construye un ambiente de miedo. Un miedo sutil, pero efectivo. El miedo de quienes participan en órganos de gobierno universitario y comienzan a preguntarse si cada decisión, cada voto o cada postura crítica puede convertirse después en materia de investigación administrativa. El miedo de quienes observan cómo los instrumentos de fiscalización empiezan a utilizarse selectivamente contra quienes no se alinean con la narrativa oficial.
Este clima no surge de la nada. Es el resultado de una forma de ejercicio del poder que privilegia el control sobre el diálogo. Bajo esta lógica, la rectoría no necesita prohibir ni censurar abiertamente; basta con activar los mecanismos institucionales adecuados para generar incertidumbre. Una investigación administrativa aquí, un citatorio allá, una denuncia que se filtra oportunamente en redes sociales, y el mensaje queda establecido para toda la comunidad: disentir tiene costos.
Hoy esa lógica se refleja con especial crudeza en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde se vive una profunda crisis institucional derivada de la imposición de una subdirectora que, lejos de contribuir a la estabilidad académica, ha sido percibida por amplios sectores de la comunidad como un instrumento de confrontación y presión política. Su presencia no ha servido para fortalecer la gobernabilidad interna ni para construir acuerdos, sino para agudizar tensiones que ya de por sí resultaban delicadas.
La figura de la subdirección, que en la tradición universitaria debería operar como un espacio de apoyo técnico y administrativo al director y a los órganos colegiados, ha sido colocada en el centro de una disputa que golpea directamente la vida institucional de la Facultad. En lugar de actuar como puente de diálogo, su intervención ha terminado por profundizar un clima de confrontación que se manifiesta tanto en los espacios administrativos como en el debate público.
En este contexto adquiere también una dimensión preocupante el uso político de denuncias relacionadas con violencia de género. Nadie puede negar la importancia de combatir la violencia y de garantizar espacios seguros para las mujeres dentro de la universidad. Se trata de una causa profundamente legítima y de una deuda histórica que las instituciones educativas deben atender con seriedad y responsabilidad. Pero precisamente por la gravedad del problema, su utilización dentro de disputas políticas o administrativas constituye una distorsión que termina debilitando la credibilidad de los propios mecanismos de protección.
Cuando denuncias de esta naturaleza aparecen sistemáticamente en medio de conflictos institucionales o se incorporan a estrategias de presión política, el resultado es perverso. Por un lado, se genera un ambiente de sospecha que fractura la convivencia universitaria. Por otro, se trivializa una lucha que debería mantenerse ajena a cualquier cálculo de poder.
El efecto acumulado de estas prácticas es profundamente corrosivo. Poco a poco se instala la sensación de que la universidad ya no es un espacio de libertad intelectual, sino un territorio vigilado donde cada actor debe medir cuidadosamente sus palabras, sus votos y sus posiciones. La deliberación se vuelve cautelosa, la crítica se vuelve riesgosa y la participación se vuelve incómoda.
En otras palabras, la universidad comienza a gobernarse no mediante la legitimidad académica, sino mediante el control administrativo.
Paradójicamente, esta estrategia revela una profunda debilidad política. Los gobiernos fuertes se sostienen en el consenso y en la confianza institucional. Los gobiernos inseguros, en cambio, recurren a mecanismos de vigilancia para mantener cohesionada una estructura que en realidad se sostiene sobre equilibrios precarios.
La Universidad Michoacana tiene una tradición histórica de pluralidad, debate y resistencia intelectual. Su comunidad ha sabido defender la autonomía universitaria frente a presiones externas durante más de un siglo. Lo verdaderamente preocupante hoy es que las tensiones no provengan del exterior, sino del interior mismo de la institución.
Porque cuando los órganos de fiscalización comienzan a parecerse más a instrumentos de disciplina política que a garantes de la legalidad; cuando los órganos colegiados se fragmentan mediante citatorios individuales; cuando las denuncias se convierten en armas dentro de disputas administrativas; y cuando el miedo sustituye al debate, entonces la universidad deja de parecerse a una comunidad académica y empieza a parecerse a una burocracia que vigila a sus propios integrantes.
Y una universidad que vive bajo sospecha permanente termina perdiendo aquello que la define: la libertad.
—El Ensayista de San Nicolás