Por el Ensayista de San Nicolás
Hay cifras que informan y cifras que pretenden construir una realidad. El problema comienza cuando la estadística oficial deja de utilizarse para explicar lo que sucede y se convierte en un instrumento para decirle a la comunidad universitaria qué debe creer, aun cuando su experiencia cotidiana parezca contar una historia diferente. Eso ocurre con la publicación difundida este 12 de agosto bajo el triunfalista encabezado “De manera inédita, en gestión de Yarabí Ávila, Facultad de Derecho inicia ciclo escolar con materias asignadas”. La nota asegura que la Facultad comenzó el ciclo 2026-2027 con el 90 por ciento de sus materias asignadas y presenta semejante porcentaje como una hazaña administrativa de la Rectoría. (RedNoticias Michoacán)
Antes de entrar al fondo existe una circunstancia que merece atención. No estamos realmente frente a diversos artículos periodísticos que hayan llegado independientemente a las mismas conclusiones. El texto aparece reproducido prácticamente de manera idéntica en distintos portales: mismos párrafos, mismas cifras, mismas declaraciones, mismo orden y hasta la misma construcción elogiosa de la gestión rectoral. (RedNoticias Michoacán) Todo indica, por su reproducción textual, que estamos frente a un boletín o comunicado difundido y replicado por distintos medios. Y eso importa porque una cosa es información periodística contrastada y otra muy distinta la comunicación institucional destinada a posicionar una narrativa. El boletín puede ser legítimo como herramienta de difusión; lo que no debería ocurrir es confundir propaganda administrativa con diagnóstico objetivo de la realidad universitaria.
Pero lo verdaderamente delicado no está siquiera en el famoso 90 por ciento. Está en la afirmación atribuida al secretario Administrativo, José César Macedo Villegas, según la cual anteriormente la Facultad de Derecho comenzaba sus ciclos escolares con apenas un 10 o 15 por ciento de profesores asignados. Esa declaración, presentada sin estadísticas históricas, documentos comparativos ni metodología alguna que permita comprobarla, resulta ofensiva para generaciones enteras de docentes, trabajadores administrativos y autoridades académicas que durante años sostuvieron una de las dependencias más grandes y complejas de la Universidad Michoacana. (RedNoticias Michoacán)
Decir que durante años la Facultad iniciaba prácticamente con ocho o nueve de cada diez materias sin profesor no constituye una afirmación menor. Si eso fuera cierto, habría que explicar cómo funcionaron entonces sus sistemas escolarizado, abierto y en línea; cómo operaron sus extensiones y unidades profesionales; cómo miles de estudiantes pudieron iniciar regularmente sus semestres; y, sobre todo, dónde están los documentos que demuestran semejante afirmación. Una acusación estadística de esa magnitud no puede sostenerse simplemente porque resulte conveniente para engrandecer el presente. La memoria institucional también merece respeto.
Además, existe una contradicción dentro del propio boletín que debería llamar la atención de cualquier lector cuidadoso. Se presume que el ciclo comenzó con el 90 por ciento de las materias asignadas, pero simultáneamente se informa que existen 744 materias por cubrir, que en la segunda quincena de agosto se pagarán 479 y que el resto quedará finiquitado hasta la segunda quincena de septiembre, una vez concluida la “sistematización de la información”. (RedNoticias Michoacán) Si todo está prácticamente resuelto, ¿qué exactamente continúa sistematizándose?, ¿cuántas materias tienen profesor efectivamente frente a grupo?, ¿cuántas están solamente capturadas administrativamente?, ¿cuántas corresponden a profesores titulares y cuántas fueron entregadas mediante asignaciones temporales? Una materia “asignada” en una base de datos no necesariamente equivale a una clase impartida regularmente en un aula.
Porque basta recorrer hoy la Facultad para advertir que la realidad merece una explicación mucho más seria que un porcentaje. Existen señalamientos de estudiantes sobre grupos que continúan sin profesor y, paralelamente, se ha generado un fenómeno todavía más preocupante: profesores interinos de asignatura “B” enviados a grupos y materias que docentes de tiempo completo o titulares sostienen que forman parte de sus cargas y planes de trabajo. El resultado no es precisamente el orden administrativo que presume el boletín, sino incertidumbre: dos profesores que pueden considerar legítimamente que tienen derecho sobre una misma materia y estudiantes que no saben con certeza quién continuará impartiéndola.
El problema, por tanto, no consiste solamente en contar materias. Consiste en preguntarnos cómo fueron asignadas, quién tenía derecho a impartirlas y qué procedimiento se siguió para entregarlas. En una Universidad pública, alcanzar un porcentaje elevado no legitima por sí mismo el procedimiento utilizado. La eficiencia administrativa no puede construirse a costa de la legalidad universitaria, del Contrato Colectivo de Trabajo, de los procedimientos académicos de asignación ni de los derechos de preferencia que correspondan a los trabajadores académicos. Si existen profesores titulares o de tiempo completo con materias comprendidas previamente dentro de sus cargas académicas, desplazar esas cargas para entregarlas a personal interino requiere una explicación jurídica y administrativa mucho más sólida que invocar simplemente la necesidad de “reordenar” la Facultad.
Y aquí aparece una de las mayores paradojas del discurso rectoral. Durante meses se ha presentado la intervención de la administración central como la solución frente al supuesto desorden de Derecho; sin embargo, las decisiones centralizadas parecen estar produciendo nuevos conflictos entre los propios trabajadores. No se construye estabilidad académica colocando a un profesor frente a otro, ni se resuelve la incertidumbre de los estudiantes cuando dos docentes llegan convencidos de que la misma asignatura les corresponde. Mucho menos puede llamarse “reordenamiento” a un procedimiento que es cuestionado precisamente por quienes consideran vulnerados sus derechos laborales y académicos.
Tampoco puede pasar inadvertido un hecho material que cualquiera puede observar y documentar: las lonas colocadas frente a Ciudad Universitaria, en las inmediaciones de las avenidas Francisco J. Múgica y Dinamarca, mediante las cuales profesores hacen públicas sus inconformidades y denuncian presuntas irregularidades en la asignación de materias. No estamos hablando únicamente de rumores transmitidos en pasillos o de comentarios anónimos en redes sociales; hablamos de una protesta visible en el espacio público, fotografiada y difundida en redes sociales. Naturalmente, la existencia de las lonas constituye un hecho objetivo que acredita la existencia de una inconformidad docente que la Rectoría no debería ignorar. Más aún cuando medios locales han dado cuenta de cuestionamientos sindicales sobre el reparto de materias y su posible contradicción con disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo. Frente a ello resulta todavía más contrastante que, mientras desde Rectoría se difunde un boletín celebrando un supuesto histórico 90 por ciento de materias asignadas, frente a Ciudad Universitaria haya profesores que públicamente denuncian precisamente la manera en que esas materias están siendo distribuidas. La pregunta, entonces, ya no es solamente cuántas materias fueron asignadas, sino cómo, a quiénes, mediante qué procedimiento y respetando qué derechos fueron asignadas.
Por eso la Rectoría debería publicar la información completa. No únicamente un porcentaje para alimentar titulares favorables. Que se haga pública la relación de las 744 materias; cuáles corresponden a profesores de tiempo completo; cuáles estaban comprendidas en planes de trabajo previamente presentados; cuáles pertenecen a profesores de asignatura definitivos; cuáles quedaron vacantes; cuáles fueron sometidas a concurso de oposición; cuáles fueron asignadas mediante mecanismos del Contrato Colectivo; quién propuso cada asignación; quién la autorizó y bajo qué fundamento normativo. Sólo entonces podremos saber si estamos frente a un verdadero éxito administrativo o frente a una cifra construida mediante reasignaciones que desplazaron derechos previamente existentes.
También resulta necesario preguntar por qué se pretende presentar como acontecimiento “histórico” que los profesores reciban oportunamente su salario. (RedNoticias Michoacán) Pagar en tiempo y forma no debería ser una concesión extraordinaria de ninguna Rectoría; es una obligación elemental de cualquier institución empleadora. Convertir el cumplimiento de obligaciones laborales ordinarias en propaganda gubernamental revela hasta qué punto se ha reducido la vara con la que se pretende medir el éxito administrativo. Por otro lado el pagar sin cumplir con los procedimientos administrativos y legales establecidos para la asignación de profesores implica una responsabilidad administrativa por parte de la autoridad de Rectoría.
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales no necesita estadísticas diseñadas para ganar una batalla de comunicación. Necesita profesores en todas sus aulas, estudiantes con certeza sobre quién impartirá sus materias, trabajadores con respeto a sus derechos, procedimientos transparentes y autoridades dispuestas a someter sus decisiones a la legislación universitaria. El verdadero indicador de éxito no es alcanzar apresuradamente un porcentaje para publicarlo en los medios, sino lograr que el cien por ciento de las clases tenga profesor legalmente asignado, que ningún académico sea desplazado arbitrariamente y que ningún estudiante quede atrapado en disputas administrativas que jamás debieron llegar al salón de clases.
Después de 227 años de enseñanza del Derecho, resultaría particularmente contradictorio que precisamente en esta Facultad se pretendiera sacrificar la norma en nombre de la eficiencia. Porque administrar rápido no necesariamente significa administrar bien, y cubrir una materia no significa hacerlo legalmente. En una Facultad de Derecho, la diferencia debería resultar elemental.
Quizá por eso el famoso 90 por ciento merece menos celebración y muchas más preguntas. La comunidad universitaria no necesita que le digan desde Rectoría que nunca había estado mejor. Puede mirar sus aulas, escuchar a sus profesores, preguntar a sus estudiantes y observar las protestas afuera de Ciudad Universitaria. Si después de hacer todo eso la realidad no coincide con el boletín, entonces el problema no está en quienes cuestionan la cifra.
El problema está en la distancia que existe entre el porcentaje que se presume y la Universidad que realmente se vive.