Por el Ensayista de San Nicolás
Existe una diferencia abismal entre defender la autonomía universitaria y utilizarla como escudo para justificar el abuso del poder. La primera fortalece a la Universidad; la segunda la degrada. Lo preocupante es que, conforme transcurren los últimos meses del actual rectorado, pareciera que la administración universitaria ha optado por la segunda ruta.
La reciente publicación de la Rectora, Dra. Yarabí Ávila González, en la que expresa su preocupación por las resoluciones del Poder Judicial Federal y las presenta como intentos de inmiscuirse en la autonomía universitaria, constituye una muestra más de una preocupante incomprensión del Estado constitucional de derecho. La autonomía jamás ha significado inmunidad frente a la Constitución. Mucho menos puede convertirse en un argumento para desconocer las resoluciones de los jueces federales cuando éstas tienen como único propósito restituir derechos humanos que las propias autoridades universitarias vulneraron.
Resulta difícil sostener un discurso de defensa de la comunidad universitaria cuando son precisamente integrantes de esa comunidad quienes, de manera cada vez más frecuente, han tenido que acudir al juicio de amparo para obtener la protección que la propia Universidad les negó. Si los derechos humanos realmente fueran el eje de la actuación institucional, los tribunales federales no tendrían que intervenir para ordenar el respeto al debido proceso, a la garantía de audiencia, a la legalidad o a la tutela judicial efectiva.
El problema nunca ha sido el Poder Judicial Federal. El problema radica en una administración universitaria que, de manera reiterada, ha asumido que sus decisiones son incuestionables y que cualquier límite constitucional constituye una agresión contra la autonomía. Esa lógica representa una peligrosa inversión de valores: el responsable deja de ser quien viola derechos y pasa a ser quien los restituye.
Los jueces de amparo no gobiernan la Universidad. No designan directoras o directores, no organizan elecciones, no administran el patrimonio universitario ni dictan la política académica. Su función consiste, simplemente, en recordar que ninguna autoridad pública —ni siquiera una autoridad universitaria— puede actuar por encima de la Constitución. Presentar esa labor como una amenaza equivale a sostener que la legalidad es un obstáculo para gobernar.
La verdadera amenaza para la autonomía no proviene de los tribunales. Proviene del uso faccioso del poder universitario; de las destituciones sin debido proceso; de la utilización de los órganos internos como instrumentos de persecución; de los procesos electorales cuestionados por decisiones emitidas fuera de la normatividad; del incumplimiento de resoluciones judiciales; de la normalización de la arbitrariedad como método de gobierno. Esos excesos son los que erosionan diariamente la legitimidad de la institución.
La Universidad Michoacana nació para formar mujeres y hombres libres, no para exigir obediencia ciega a quienes circunstancialmente ocupan el poder. Su tradición humanista jamás fue compatible con el autoritarismo. Por ello resulta particularmente grave que hoy se invoque el nombre de la autonomía para intentar descalificar a quienes hacen valer la Constitución.
La autonomía universitaria no protege a las autoridades frente al control judicial; protege a la Universidad frente a las injerencias indebidas del poder político. Convertirla en un refugio para evadir responsabilidades jurídicas constituye una deformación de su esencia y una falta de respeto a la historia nicolaita.
Cada suspensión concedida, cada sentencia favorable y cada resolución judicial que ordena restituir derechos evidencia un problema mucho más profundo que un litigio aislado. Revela un patrón de decisiones administrativas que, lejos de fortalecer la institucionalidad, la han colocado bajo el permanente escrutinio de los tribunales federales. No es casualidad; es consecuencia.
Por ello, quizá la discusión ya no deba centrarse únicamente en si una resolución judicial afecta o no la autonomía universitaria. La verdadera pregunta es cuánto daño institucional puede seguir soportando la Universidad Michoacana antes de reconocer que el problema no está en los jueces, sino en la forma en que se ha ejercido el poder desde la Rectoría.
Cuando las violaciones a los derechos humanos dejan de ser hechos excepcionales para convertirse en una constante; cuando el juicio de amparo se transforma en el único mecanismo eficaz para obtener justicia dentro de la Universidad; cuando la confrontación con el orden constitucional sustituye al diálogo institucional; cuando el discurso pretende ocultar la realidad jurídica, los excesos dejan de ser simples errores administrativos para convertirse en síntomas de un modelo de gobierno agotado.
Desde esa perspectiva, resulta legítimo que la comunidad universitaria reflexione seriamente sobre el rumbo de la institución y exija que se restablezca una conducción fundada en la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la auténtica vocación humanista que dio origen a la Universidad Michoacana. La estabilidad institucional no puede edificarse sobre la arbitrariedad, ni la autonomía puede seguir siendo utilizada como argumento para justificar aquello que la Constitución prohíbe.
La historia demuestra que ningún poder es permanente y que toda autoridad encuentra su límite en el Derecho. Quien hoy pretende convertir la autonomía en un escudo frente a la Constitución olvida que la Universidad no pertenece a quienes temporalmente la administran. Pertenece a su comunidad y a la sociedad que la sostiene. Y cuando esa comunidad advierte que el poder ha dejado de servir al derecho para servirse de él, tiene no sólo el derecho, sino la responsabilidad moral de exigir un cambio de rumbo antes de que el deterioro institucional sea irreversible.
En ese contexto, la próxima visita de la Presidenta de México a Michoacán representa una oportunidad para que conozca la realidad completa de la Universidad Michoacana y no únicamente la versión oficial que se pretende proyectar desde la Rectoría. La Universidad no está integrada sólo por quienes hoy ejercen el poder; también la conforman profesoras y profesores, trabajadoras y trabajadores, estudiantes, investigadoras e investigadores, directivas y exdirectivas, cuya voz merece ser escuchada. A ellos también debe abrirse el espacio para expresar, con libertad y sin temor a represalias, la situación que vive nuestra Máxima Casa de Estudios.
Presidenta, la autonomía universitaria merece toda la defensa del Estado mexicano, pero también merece ser protegida de quienes pretenden utilizarla como un escudo para eludir la responsabilidad derivada de sus propios actos. Escuche a todos los actores de la vida universitaria. Escuche a quienes han acudido al juicio de amparo porque dentro de la institución no encontraron justicia. Escuche a quienes han sido separados de sus cargos sin garantía de audiencia, a quienes han visto afectados sus derechos laborales, académicos y políticos, a quienes han denunciado procesos carentes de legalidad y a quienes hoy viven con incertidumbre frente al ejercicio arbitrario del poder.
Porque el verdadero clamor que hoy recorre los pasillos de la Universidad Michoacana no es una supuesta amenaza contra la autonomía. Es el miedo, el temor, la impotencia y la frustración de una comunidad que observa cómo el Estado de Derecho se debilita dentro de una institución que históricamente fue ejemplo de pensamiento libre y de respeto a la legalidad. Es el reclamo de quienes consideran que disentir se ha vuelto motivo de persecución, que acudir a los tribunales es la única vía para obtener justicia y que el ejercicio del poder ha desplazado al ejercicio del Derecho.
Por ello, el comunicado de la Rectoría no sólo resulta jurídicamente equivocado; revela una preocupante pretensión de seguir actuando sin controles efectivos, trasladando la responsabilidad a los jueces federales en lugar de asumir las consecuencias de las violaciones a derechos humanos que éstos han venido corrigiendo. Presentar al Poder Judicial Federal como adversario de la Universidad, cuando sus resoluciones únicamente restituyen derechos fundamentales vulnerados, constituye un intento de desviar la atención del verdadero problema: los abusos cometidos desde el ejercicio del poder universitario. La autonomía no puede convertirse en el último refugio de la impunidad ni en el argumento para evitar la rendición de cuentas frente a la Constitución.
Porque la Universidad Michoacana merece un rectorado que defienda la autonomía para proteger la libertad, no para justificar el abuso; que invoque los derechos humanos para garantizarlos, no para vulnerarlos; y que comprenda, de una vez por todas, que la Constitución no termina donde comienzan los muros de San Nicolás.