Por el Ensayista de San Nicolás
Había señales suficientes para prever lo que finalmente ocurrió. Durante los días previos a la votación, en los corredores de la universidad, en las conversaciones entre profesores, estudiantes y trabajadores, se repetía una misma preocupación: que el Consejo Universitario terminaría decidiendo no con base en la voluntad de la comunidad, sino bajo el peso de las presiones políticas que se han vuelto cada vez más visibles en la vida institucional. Lamentablemente, los hechos confirmaron ese temor. Con una votación de 75 votos contra 25, el Consejo Universitario eligió a Manuel Calderón en un proceso que, más allá de su resultado numérico, deja una profunda interrogante sobre la legitimidad de la decisión tomada.
La razón es evidente y difícil de ocultar: Manuel Calderón llega a esa posición sin haber ganado ninguno de los sectores en el proceso de auscultación. En una universidad que históricamente ha defendido la participación de su comunidad en la definición de sus liderazgos, el hecho de que un candidato que no logró respaldo mayoritario en estudiantes, profesores ni trabajadores termine siendo impuesto por el órgano colegiado plantea un problema serio de coherencia institucional. La auscultación universitaria no es un simple trámite administrativo; su sentido es recoger el pulso de la comunidad académica. Cuando ese pulso es ignorado, el mensaje que se envía es que la consulta puede convertirse en un ritual vacío si las decisiones reales se toman en otro lugar.
Durante las horas previas a la votación, diversos integrantes de la comunidad universitaria apelaron a la conciencia de las consejeras y los consejeros. Se les recordó que su voto representaba algo más que una preferencia personal; representaba una responsabilidad histórica frente a la institución que los formó y que hoy les confía la tarea de resguardar su autonomía. Se les pidió que pensaran en la escuela, en la comunidad universitaria y, sobre todo, en los estudiantes que ven en la universidad un espacio de formación y de protección. También se advirtió que existían presiones claras provenientes de la rectoría para orientar el sentido del voto hacia una decisión previamente delineada.
Era precisamente en ese momento cuando el Consejo Universitario tenía la oportunidad de demostrar que su autonomía no es una simple declaración normativa, sino una práctica real. Los órganos colegiados de gobierno existen para equilibrar el poder dentro de las instituciones, para evitar que la voluntad de una sola instancia se imponga sobre el conjunto de la comunidad. Sin embargo, lo que terminó ocurriendo sugiere que muchos de los votos emitidos respondieron más al temor de contrariar al poder central que a una reflexión genuina sobre lo que era mejor para la universidad.
Este episodio revela una paradoja preocupante. Formalmente, el resultado de la votación parece contundente: una mayoría clara que respalda la elección realizada. Pero políticamente, esa misma votación deja ver una fragilidad profunda. Cuando un liderazgo surge sin respaldo en la auscultación y bajo la percepción de haber sido impulsado desde la rectoría, su autoridad nace inevitablemente debilitada. La legitimidad universitaria no se construye únicamente con votos contados en una sesión del Consejo; se construye con el reconocimiento de la comunidad académica, con el respeto que profesores, estudiantes y trabajadores otorgan a quienes los representan.
La consecuencia de este tipo de decisiones es más profunda de lo que podría parecer a primera vista. Cuando la comunidad universitaria observa que los mecanismos de consulta pueden ser ignorados y que las decisiones relevantes se toman bajo presión política, comienza a erosionarse la confianza en las reglas del juego institucional. Los estudiantes perciben que su opinión puede ser irrelevante, los profesores advierten que la deliberación colegiada puede convertirse en formalidad y los trabajadores entienden que las decisiones importantes pueden responder a cálculos de poder más que a criterios académicos o institucionales.
En ese contexto, el problema no radica únicamente en la persona electa, sino en el precedente que se establece. Las universidades públicas han defendido históricamente su autonomía como una garantía para preservar la libertad académica y la pluralidad de pensamiento. Pero esa autonomía no se defiende solamente frente al Estado o frente a actores externos; también debe defenderse frente a las tentaciones de control interno que surgen cuando las autoridades pretenden convertir a los órganos colegiados en instancias de validación automática.
Por ello, la elección de Manuel Calderón abre una etapa compleja desde su inicio. Más allá de la formalidad del nombramiento, llega a su encargo con una profunda deslegitimidad derivada de la forma en que se produjo su designación. Esa condición no solo lo acompaña a él, sino que inevitablemente comienza a proyectarse sobre la administración central que impulsó su llegada. Cuando las decisiones institucionales se perciben como resultado de presiones políticas y no de procesos auténticamente universitarios, la autoridad que las respalda comienza también a debilitarse.
La Universidad Michoacana ha atravesado múltiples momentos de tensión a lo largo de su historia, y ha logrado superarlos gracias a la fortaleza de su comunidad y a la convicción de que sus órganos colegiados deben actuar con independencia. Sin embargo, episodios como el ocurrido en esta votación dejan una lección difícil de ignorar: cuando el miedo sustituye a la autonomía, las decisiones pueden ganar en número de votos, pero pierden en legitimidad.
El tiempo dirá si esta decisión logra sostenerse frente al juicio de la comunidad universitaria. Pero lo que ya es evidente es que el Consejo Universitario perdió una oportunidad histórica para demostrar que la autonomía nicolaita no es un principio retórico, sino una práctica viva. En lugar de ello, quedó la impresión de que el temor a contrariar al poder pesó más que la responsabilidad de defender la dignidad institucional de la universidad. Y cuando eso ocurre, no solo se elige a una persona: se envía un mensaje sobre la forma en que se ejerce el poder dentro de la institución.