La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica, dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información conforme a estándares internacionales de derechos humanos, publicó un pronunciamiento en el que exige al Estado mexicano esclarecer el asesinato del periodista independiente Francisco Alejandro Leyva Aguilar y mantener como principal línea de investigación su actividad periodística.
En el documento, la organización advierte que el homicidio ocurre en un contexto de violencia persistente contra la prensa en México. Señala que, en las seis semanas previas, ha documentado al menos otros cuatro asesinatos de periodistas, situación que, afirma, refleja el incremento de los riesgos para quienes ejercen el periodismo.
Alejandro Leyva Aguilar, autor de la columna El Zumbido del Moscardón y exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), fue asesinado la mañana del 22 de julio mientras desayunaba en un puesto de comida ubicado en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), dos personas a bordo de una motocicleta se aproximaron al lugar y le dispararon en tres ocasiones antes de huir.
Tras el ataque, la fiscal general del estado acudió al lugar para iniciar las investigaciones. La FGEO informó que todas las líneas de investigación permanecen abiertas y confirmó que solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
En su posicionamiento, ARTICLE 19 sostiene que Leyva Aguilar enfrentaba una situación de riesgo derivada de su trabajo periodístico. Destaca que en su columna abordaba temas relacionados con corrupción, delincuencia organizada, presunta colusión de autoridades con redes criminales y el desempeño de funcionarios públicos, incluido el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.
La organización documentó que el periodista denunció haber recibido amenazas y actos de hostigamiento digital después de aparecer mencionado en la sección «Trapitos al Sol», presentada durante las conferencias del mandatario estatal. Asimismo, precisa que Leyva interpuso una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y presentó una denuncia por amenazas.
Sin embargo, ARTICLE 19 señala que la Defensoría determinó que no existían elementos para acreditar violaciones a derechos humanos por parte de autoridades estatales o municipales, mientras que la FGR se declaró incompetente para atender el caso.
El organismo también recordó que en noviembre de 2025 documentó un caso de acoso judicial contra el periodista, relacionado con un procedimiento administrativo por presuntas irregularidades cometidas en 2019, cuando encabezó la CORTV. A juicio de la organización, ese proceso evidenció el uso de mecanismos institucionales en contra del comunicador.
Respecto a las declaraciones emitidas por el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, quien aseguró que no existían ataques contra periodistas provenientes del gobierno estatal y afirmó que no había una solicitud formal de protección por parte de Alejandro Leyva, ARTICLE 19 pidió evitar cualquier forma de revictimización.
La organización sostiene que la protección a periodistas no debe limitarse al ofrecimiento formal de medidas, sino que el Estado tiene la obligación de garantizar condiciones institucionales eficaces, accesibles y confiables que permitan prevenir agresiones y proteger a las personas en situación de riesgo.
Finalmente, ARTICLE 19 demandó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca coordinar las investigaciones con la FGR y la FEADLE para aplicar el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, agotar todas las líneas de investigación vinculadas con la actividad periodística de Alejandro Leyva, identificar tanto a los autores materiales como intelectuales del homicidio y garantizar acceso a la justicia para su familia. Asimismo, solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas implementar medidas de protección urgentes para los familiares del comunicador.