En una sesión marcada por posturas encontradas y tensiones políticas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 27 votos a favor y 11 en contra la reforma que deroga la prohibición de reelección inmediata en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La medida busca resolver una “antinomia” constitucional entre los artículos 94 y 97, pero también ha encendido una intensa disputa sobre el rumbo del Poder Judicial.
El dictamen suprime el párrafo que impedía la reelección consecutiva del presidente de la Corte, con el argumento de “armonizar el modelo de elección democrática del Poder Judicial” y brindar certeza jurídica ante el nuevo proceso de renovación del máximo tribunal.
“No podemos permitir que semejante contradicción continúe generando incertidumbre jurídica”, afirmó la diputada Katia Alejandra Castillo (Morena), al señalar que esta reforma consolida el nuevo modelo de justicia.
Sin embargo, las críticas de la oposición fueron contundentes. Claudia Ruiz Massieu (MC) denunció que el dictamen no corrige un error técnico, sino que “formaliza el atropello legislativo que vulneró la Constitución y la separación de poderes”. A su vez, Paulina Rubio Fernández (PAN) señaló que el cambio “no enmienda el daño hecho al Poder Judicial”, y calificó la reforma como “irrelevante” frente a un modelo judicial impuesto por una mayoría.
Desde el PRI, Nadia Navarro expresó que aunque la corrección parece menor, implica “aceptar una reforma judicial plagada de inconsistencias”, por lo que votó en contra.
En contraste, diputadas del PVEM y del PT defendieron el dictamen como un paso histórico. Ruth Silva Andraca (PVEM) celebró que el próximo 1º de junio los ciudadanos elegirán por primera vez a jueces y magistrados: “La transformación que vivimos responde a una demanda del pueblo”, aseguró.
Mary Carmen Bernal (PT) calificó la reforma como “una oportunidad histórica” y enfatizó que el Poder Judicial ya no puede legislar ni exceder sus funciones.
Durante la sesión, la diputación también guardó un minuto de silencio por el asesinato de dos funcionarios del gobierno capitalino, Ximena Guzmán y José Muñoz, en un acto que evidenció la polarización política incluso en temas ajenos al debate jurídico.
El ambiente se tensó aún más en los asuntos generales. Diputados del PAN denunciaron acoso y uso político de programas sociales para movilizar el voto en la elección judicial del 1º de junio. Por Morena, se desmintieron tales acusaciones y se pidió enfocarse en la función legislativa. Algunos legisladores, como Hugo Eric Flores, reprocharon que la Comisión se use como foro político en lugar de atender asuntos estrictamente jurídicos.
En medio del cruce de acusaciones, la diputada Julieta Vences (Morena) defendió que la reforma judicial es una respuesta a la exigencia ciudadana de acabar con la corrupción en los tribunales, mientras que la diputada Annia Gómez (PAN) denunció que la elección judicial es una “farsa” y una simulación democrática.
El dictamen será ahora turnado a la Mesa Directiva para su eventual discusión en el pleno, donde se anticipa un debate aún más encendido sobre el futuro del Poder Judicial en México.