La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se perfila como uno de los procesos económicos y geopolíticos con mayor impacto para el país, al abrir un escenario de incertidumbre que podría influir en la inversión, el empleo, las exportaciones y el crecimiento económico, señala un análisis publicado por Ciudadanía Católica y Análisis Social.
En su edición número 62, la publicación sostiene que el proceso de evaluación del acuerdo comercial debe analizarse no solo desde la perspectiva económica, sino también a partir de sus implicaciones para el desarrollo de las personas, el trabajo y el bienestar social, conforme a los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
El documento recuerda que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994, fue sustituido en 2020 por el T-MEC, consolidando uno de los bloques comerciales más importantes del mundo y fortaleciendo la integración productiva entre México, Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, advierte que el contexto internacional ha cambiado con el surgimiento de nuevos bloques económicos. Destaca el crecimiento de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), integrada por 15 países de Asia-Pacífico, cuyo peso económico representa alrededor del 30.5 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, por encima del 28 por ciento que concentra actualmente el T-MEC.
Uno de los principales factores de incertidumbre, expone el análisis, es la postura del gobierno del presidente Donald Trump respecto al tratado comercial.
Según la publicación, la administración estadounidense impulsa una política enfocada en fortalecer la producción interna mediante aranceles, incentivos para relocalizar empresas dentro de Estados Unidos y una menor dependencia de las cadenas regionales de suministro.
En ese contexto, el documento explica que, aunque el T-MEC contempla la posibilidad de extender su vigencia por 16 años adicionales mediante el consenso de los tres países, Estados Unidos ha planteado la conveniencia de realizar revisiones anuales, lo que prolongaría el periodo de negociación y mantendría un ambiente de incertidumbre para inversionistas y empresas.
El análisis advierte que la falta de certeza jurídica podría retrasar proyectos productivos y reducir la llegada de nuevas inversiones nacionales y extranjeras, particularmente en industrias vinculadas con las exportaciones.
Asimismo, señala que alrededor de cinco millones de trabajadores mexicanos laboran en sectores relacionados directamente con las ventas hacia Estados Unidos, por lo que cualquier modificación relevante al tratado tendría efectos sobre el empleo formal, la actividad industrial y las economías regionales.
La publicación ubica estas negociaciones dentro de un entorno económico que considera complejo para México. Entre los indicadores citados destaca un crecimiento del Producto Interno Bruto de 0.8 por ciento durante 2025 y proyecciones cercanas al uno por ciento para 2026, además del estancamiento de la inversión fija bruta, una reducción del consumo privado, menor confianza empresarial y una desaceleración en la creación de empresas formales.
También advierte que un eventual deterioro del acuerdo comercial podría incrementar los costos de exportación, reducir la competitividad de la industria mexicana, generar presiones sobre los precios y afectar la estabilidad del peso frente al dólar.
Otro de los aspectos abordados es el comportamiento de las remesas enviadas desde Estados Unidos. El documento señala que una mayor supervisión de las transferencias y un menor dinamismo en esos envíos podrían repercutir en el consumo de millones de hogares mexicanos y en la actividad económica nacional.
Además, considera que un deterioro en la relación comercial entre ambos países podría traducirse en mayores presiones inflacionarias, debido a que más del 80 por ciento del comercio exterior de México mantiene vínculos con el mercado estadounidense.
Desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, la publicación sostiene que las decisiones relacionadas con el comercio internacional deben orientarse al bien común, al fortalecimiento del trabajo digno y al desarrollo integral de las personas.
El análisis concluye que el segundo semestre de 2026 será determinante para el futuro económico de México y de América del Norte. Si bien reconoce que el T-MEC no puede cancelarse de forma inmediata, sostiene que las negociaciones previstas para los próximos meses definirán el clima de inversión y las expectativas económicas de los siguientes años, por lo que llama a colocar a la persona, el trabajo y el desarrollo humano en el centro de las decisiones comerciales.