Aguascalientes actualiza su marco penal con reformas que fortalecen la persecución de nuevos delitos

by Enlace Noticias

El Gobierno del Estado de Aguascalientes reconoció al Congreso local por la aprobación de reformas al sistema penal que buscan modernizar los mecanismos de investigación y sanción, así como responder a nuevas modalidades delictivas. La Consejería Jurídica señaló que estas modificaciones colocan a la entidad en una posición de vanguardia nacional en materia de protección a las personas y fortalecimiento del Estado de Derecho.

Las reformas, impulsadas por el Ejecutivo estatal y avaladas por la LXVI Legislatura, contemplan cambios en delitos como extorsión, mal uso de inteligencia artificial y reclutamiento forzado. Con la actualización normativa, la extorsión será investigada y perseguida de oficio, sin necesidad de que la víctima presente denuncia. Tampoco será indispensable acreditar la entrega de dinero, pues bastará con comprobar la exigencia indebida.

El nuevo marco legal incorpora agravantes cuando exista violencia, uso de medios digitales, afectación a comerciantes o a personas en situación de vulnerabilidad, así como cuando participen varias personas. En estos casos, las penas podrán incrementarse conforme a la gravedad de los hechos.

Por primera vez en el país, se tipifica el delito de reclutamiento forzado, que sanciona a quien obligue a otra persona, mediante violencia, amenazas o engaño, a participar en conductas delictivas, incluso a través de plataformas digitales o videojuegos. Este delito también se perseguirá de oficio y tendrá sanciones más severas cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.

Asimismo, se establece una agravante general cuando un delito se cometa mediante sistemas de inteligencia artificial. El uso de asistentes virtuales, software de manipulación de imágenes, reconocimiento facial, bots, drones u otras herramientas tecnológicas podrá incrementar la pena hasta en una mitad.

El Gobierno del Estado afirmó que estas reformas buscan adecuar el marco jurídico a los desafíos actuales y fortalecer la capacidad institucional para proteger a la ciudadanía frente a nuevas formas de criminalidad.

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