Tres hombres de Nuevo México fueron acusados por un gran jurado federal de participar en una red de transporte de migrantes indocumentados y en una presunta conspiración para asesinar a una mujer que colaboró con las autoridades en la investigación del caso, informaron el Departamento de Justicia de Estados Unidos y agencias federales involucradas en la indagatoria.
La acusación modificada fue presentada contra Wilfrido Saenz, de 29 años; Ignacio Jaramillo, de 22 años; e Ismael Jaramillo, de 35 años, quienes enfrentan cargos relacionados con una operación de tráfico de personas que, según las autoridades, funcionó entre junio de 2021 y abril de 2024 en Nuevo México.
De acuerdo con documentos judiciales, los tres acusados habrían conspirado para transportar inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos. La investigación sostiene además que Saenz e Ignacio Jaramillo participaron en una conspiración para tomar represalias contra una testigo que proporcionó información a las autoridades sobre la operación, hecho que derivó en su muerte durante abril de 2024.
El caso fue presentado por las autoridades federales como un ejemplo de los riesgos asociados al tráfico de personas y de la violencia que puede generarse cuando las organizaciones involucradas perciben amenazas a sus actividades.
“La acusación formal modificada en este caso pone de relieve los peligros asociados con el tráfico de personas”, declaró el fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva. El funcionario sostuvo que las redes criminales involucradas en estas actividades “solo se preocupan por el dinero y su propio beneficio” y afirmó que pueden recurrir a delitos graves cuando consideran que sus operaciones han sido descubiertas.
Por su parte, el primer fiscal auxiliar de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México, Ryan Ellison, señaló que las operaciones de tráfico de personas “fomentan la violencia, explotan a personas vulnerables y amenazan la seguridad de las comunidades a ambos lados de la frontera”.
Ellison sostuvo que las acusaciones reflejan “hasta dónde están dispuestas a llegar” estas organizaciones para proteger sus actividades y aseguró que las autoridades continuarán trabajando para desmantelar estas redes.
La investigación fue desarrollada de manera conjunta por el Grupo de Trabajo Alfa y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, con la participación de agencias como el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la DEA, la ATF, la Patrulla Fronteriza y otras dependencias federales.
Ryan McRae, agente especial interino a cargo de HSI en El Paso, afirmó que las investigaciones contra organizaciones dedicadas al tráfico de personas buscan desarticular estructuras criminales que obtienen ganancias mediante la explotación de migrantes y otras actividades ilícitas.
En el mismo sentido, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Albuquerque, Justin A. Garris, aseguró que los cargos representan un mensaje dirigido a quienes participan en actividades criminales organizadas o intentan obstruir la acción de la justicia mediante actos de violencia.
Además de los cargos por conspiración para transportar inmigrantes indocumentados, Saenz e Ignacio Jaramillo enfrentan acusaciones por conspiración para tomar represalias contra una testigo, delito que contempla una pena máxima de cadena perpetua en caso de una sentencia condenatoria.
Los tres acusados podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por el cargo de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados. Adicionalmente, Saenz e Ignacio Jaramillo fueron acusados de dos cargos relacionados con posesión ilegal de armas de fuego.
Según la información presentada por la fiscalía, Saenz cuenta con antecedentes por tráfico de personas, obtención fraudulenta de vehículos motorizados y posesión de parafernalia relacionada con drogas. En tanto, Ignacio Jaramillo había sido condenado previamente por agresión agravada contra un agente del orden público con arma mortal y por evasión agravada de autoridades policiales.
Las autoridades federales informaron que el caso forma parte de la estrategia del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, creado bajo la Orden Ejecutiva 14159, cuyo objetivo es investigar y perseguir a organizaciones vinculadas con tráfico de personas, contrabando de migrantes, pandillas y estructuras criminales transnacionales.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa se ha convertido en una de las principales iniciativas federales para combatir el tráfico y la trata de personas vinculados con organizaciones criminales que operan en Estados Unidos, México, Centroamérica, Canadá y otras regiones del continente.
Las autoridades reportaron que, como resultado de las acciones de esta fuerza especial, se han realizado más de 458 arrestos nacionales e internacionales, obtenido más de 408 condenas y ejecutado cientos de sentencias de prisión relacionadas con actividades de tráfico y trata de personas.
El proceso judicial continúa y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad mediante una sentencia emitida por un tribunal federal.