Organizaciones civiles se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir respeto a la división de poderes, al federalismo y a la soberanía legislativa de las entidades federativas, al acusar que el máximo tribunal está asumiendo funciones que, sostuvieron, corresponden exclusivamente a los congresos locales.
Durante el pronunciamiento, representantes de Actívate, 40 Días por la Vida, Frente Nacional por la Familia y CitizenGO afirmaron que diversas resoluciones emitidas por la Corte contra legislaciones de estados como Guanajuato, Aguascalientes, Puebla, Jalisco, Morelos, Querétaro y Yucatán representan una invasión a competencias reservadas por la Constitución a las entidades federativas.
Los manifestantes señalaron que la SCJN se ha convertido en un «Supremo Legislador» y calificaron esta actuación como una «suprema injusticia», al considerar que vulnera los derechos humanos, la separación de poderes, la soberanía de los estados y el pacto federal. Añadieron que la principal transgresión consiste en apartarse de los principios establecidos por la Constitución.
Luis Barrera, integrante de Actívate, sostuvo que la separación de poderes constituye uno de los pilares de la democracia mexicana y afirmó que la Suprema Corte está rebasando los límites de su función constitucional. Señaló que las resoluciones judiciales están obligando a diputadas y diputados locales a modificar leyes aprobadas dentro de sus atribuciones, lo que, dijo, anula la función legislativa de los congresos estatales.
Indicó que el riesgo no solo alcanza a los congresos locales, sino también al federalismo mexicano, la división de poderes y el derecho de los ciudadanos a que sus representantes legislen conforme a las facultades que les otorga la Constitución. Agregó que resulta contradictorio que la propia Corte, después de haber reconocido históricamente la libertad de las entidades federativas para legislar dentro de su jurisdicción, ahora busque ordenar modificaciones a normas aprobadas mediante procesos democráticos.
Por su parte, Carolina Correa, de 40 Días por la Vida, afirmó que el debate trasciende una discusión jurídica o una política pública específica, al considerar que está en juego el equilibrio entre los poderes públicos y la autonomía de los estados.
Durante la manifestación también se denunció que legisladoras y legisladores locales enfrentan presiones para modificar disposiciones legales aprobadas por los congresos estatales. Jaime Olivares, del Frente Nacional por la Familia, sostuvo que estas acciones constituyen una invasión a competencias reservadas constitucionalmente a las entidades federativas.
Los participantes insistieron en que los congresos de Guanajuato, Aguascalientes, Morelos, Puebla, Jalisco, Querétaro y Yucatán deliberaron y aprobaron sus respectivas legislaciones dentro de las facultades que les otorga el marco constitucional, por lo que expresaron preocupación ante la posibilidad de que esas decisiones sean sustituidas por criterios derivados, según señalaron, del activismo judicial.
En el mismo sentido, Eliza Bonilla, de CitizenGO, afirmó que la Suprema Corte está intentando redefinir desde los tribunales asuntos que corresponden al debate legislativo. Señaló que cuando los jueces dejan de aplicar la ley y comienzan a crear nuevos derechos mediante interpretaciones ideológicas, el Estado de Derecho se debilita. «La Corte está para interpretar, no para ordenar. La Corte no legisla», expresó.
Los organizadores sostuvieron que las resoluciones emitidas en diversas entidades representan una agresión contra el pacto federal y la autonomía de los estados, además de un intento por trasladar al ámbito judicial decisiones que, afirmaron, deben discutirse y resolverse en los órganos democráticamente electos.
Al concluir la movilización, hicieron un llamado a las ministras y ministros de la Suprema Corte para actuar dentro de los límites establecidos por la Constitución. Informaron que esta exigencia cuenta con el respaldo de casi 25 mil firmas recabadas a nivel nacional por Actívate y CitizenGO, y señalaron que defender el federalismo, la soberanía de los estados y la democracia implica preservar el derecho de los ciudadanos a que las decisiones legislativas sean tomadas por sus representantes y no mediante resoluciones judiciales.
En la manifestación también participó el diputado local del PAN en Puebla, Rafael Micalco, quien afirmó que el Congreso de esa entidad mantendrá una postura firme frente a las resoluciones de la Suprema Corte y continuará ejerciendo sus facultades constitucionales para legislar. El legislador sostuvo que la Corte «no les da línea» y reiteró que defenderán la soberanía estatal, la división de poderes y la autonomía de los congresos locales.