La abogada Mónica Calles Miramontes denunció públicamente una presunta “persecución de Estado” luego de recibir una notificación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con una denuncia penal que, según afirmó, incluye medidas de protección en su contra.
Calles Miramontes sostuvo que la notificación no precisa el delito que habría cometido, los actos de intimidación que se le atribuyen ni la identidad de la persona que presentó la denuncia. Señaló que las medidas le exigen no “molestar”, sin que, de acuerdo con su versión, exista una explicación concreta sobre las conductas que motivaron la intervención de la autoridad ministerial.
La abogada vinculó la denuncia con su actuación profesional en defensa de una clienta y con la publicación de videos en los que, afirmó, documentó presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Por ejercer mi trabajo como abogada, defender a mi clienta y exponer ilegalidades en el INE, hoy me avientan todo el aparato penal del Estado”, afirmó.
Calles Miramontes cuestionó también el contenido de las medidas de protección notificadas por la FGR y sostuvo que se trata de disposiciones que, desde su perspectiva, carecen de elementos jurídicos suficientes para determinar qué conducta se le atribuye.
La litigante acusó al oficialismo de utilizar las instituciones para intimidar a quienes cuestionan su actuación y relacionó la rapidez con la que, según dijo, intervino la FGR con un intento de amedrentamiento.
“Si en México defender la ley y ejercer la abogacía es perseguido, estamos ante una tiranía”, manifestó.
La abogada también advirtió que el caso representa un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y para quienes ejercen la defensa jurídica de ciudadanos frente a instituciones públicas.
“Mi único ‘delito’ fue publicar videos legítimos que exponen a funcionarios públicos violando derechos”, sostuvo, al señalar que en esas publicaciones solicitaba que los servidores públicos actuaran conforme a derecho.
Calles Miramontes aseguró que no dejará de pronunciarse sobre el caso y concluyó: “No me van a silenciar. La libertad de expresión y la abogacía no son un delito”.
Hasta el momento, el señalamiento sobre una presunta persecución de Estado corresponde a la versión de la abogada. El contenido de la notificación de la FGR y las razones jurídicas que sustentan la denuncia y las medidas de protección deberán ser contrastados con la autoridad ministerial para establecer los hechos y alcances del procedimiento.