En el Senado de la República se llevó a cabo la primera mesa de análisis sobre las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, centrada en la figura de los jueces con identidad reservada, conocidos como “jueces sin rostro”. Legisladores, especialistas en derecho, académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos expusieron posturas encontradas sobre los alcances y riesgos de esta figura en el sistema de justicia.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, subrayó que la figura ya está incorporada en la Constitución tras la reforma judicial, por lo que su reglamentación es obligatoria. Sin embargo, advirtió que se trata de un mecanismo que debe analizarse con extremo cuidado, pues aunque se considera necesario en ciertos casos, también puede resultar riesgoso si no se establecen controles estrictos, temporalidad definida y criterios claros para su activación.
Corral señaló que la regulación debe limitarse a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sin extenderse a delitos del fuero común, y debe incluir verificaciones periódicas, motivación reforzada y mecanismos de revisión. Además, insistió en que México no puede legislar sin atender los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni las sentencias de la Comisión Interamericana, pues sería una contradicción frente al compromiso internacional del país.
El diálogo forma parte del análisis de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fortalecerla y ajustarla a los estándares constitucionales e internacionales. La intención, señalaron los organizadores, es construir una visión integral que permita comprender los retos que implica la figura de identidad reservada para la impartición de justicia.
Durante la mesa, las posturas se dividieron. La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, afirmó que la figura es violatoria de derechos, pues toda persona debe conocer la identidad del juez que la procesa. Consideró además que la propuesta es contradictoria con la reforma judicial, dado que los jueces participaron en procesos de elección pública, y advirtió que no debe utilizarse en casos de personas consideradas “políticamente incómodas”.
Por el PVEM, el senador Luis Alfonso Silva Romo reconoció que existen dos visiones: quienes consideran la figura lesiva y quienes la ven necesaria. Planteó que el reto es determinar si es posible proteger el debido proceso sin vulnerar derechos humanos. Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno señaló que la propuesta tiene sesgos políticos y electorales, además de ser inconvencional frente a lineamientos internacionales.
Organizaciones civiles también expresaron reservas. María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro Prodh, sostuvo que aunque el Estado debe proteger a quienes imparten justicia, el anonimato judicial es incompatible con un juicio justo, pues impide evaluar independencia e imparcialidad. Cristina Reyes Ortiz, especialista en sistema acusatorio, advirtió que una regulación deficiente podría abrir la puerta a prácticas autoritarias y a violaciones de derechos humanos.
En contraste, Rubén Pacheco Inclán, de la Barra Interamericana de Abogados, consideró viable la figura ante los riesgos que enfrentan jueces y operadores del sistema penal, siempre que exista un comité ético que autorice su aplicación bajo criterios específicos. Susana Gabriela Camacho Maciel, del Poder Judicial de Tabasco, propuso que la Fiscalía General de la República informe sobre los avances en la protección de personas que intervienen en procesos penales y que la reserva de identidad se extienda a todos los participantes en casos de alto riesgo.
Mercedes Carbonell Peláez, del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, señaló que la figura genera dudas y no debería existir, pero en caso de mantenerse, debe exigirse una acreditación rigurosa que demuestre riesgo real, actual y grave para justificar su uso como medida excepcional.
La discusión legislativa continuará en próximas sesiones, con el objetivo de definir si la figura de jueces con identidad reservada puede integrarse al marco jurídico sin vulnerar derechos fundamentales ni comprometer la legitimidad del sistema de justicia.