En entrevista, el fiscal general de Aguascalientes, Manuel Alonso García, expuso los alcances y limitaciones de la estrategia de seguridad y procuración de justicia en el estado, en un contexto marcado por la llegada del nuevo titular de la Guardia Nacional y por la reactivación de cientos de carpetas de investigación que permanecían sin avance.
El fiscal destacó que el nuevo mando de la Guardia Nacional, el general García, ya había trabajado en Aguascalientes como jefe del Estado Mayor de la 14ª Zona Militar, lo que —según dijo— facilita la coordinación en operativos conjuntos, especialmente en zonas limítrofes con Zacatecas y Jalisco. Señaló que la Fiscalía continuará participando en las mesas de seguridad y en acciones que requieren apoyo federal, como cateos, operativos de revisión vehicular y aseguramientos relacionados con objetivos específicos.
Uno de los temas abordados fue el operativo permanente contra máquinas tragamonedas instaladas sin autorización. Alonso García explicó que los ayuntamientos realizan inspecciones administrativas previas y que, cuando los establecimientos incumplen sus licencias de funcionamiento, se procede al retiro de equipos mediante un protocolo coordinado con la Fiscalía General de la República, instancia competente en materia de juegos y sorteos.
Sobre el incremento de riñas en distintos puntos de la ciudad, algunas con uso de armas blancas, el fiscal indicó que los municipios operan grupos antipandilla, mientras que la Fiscalía se concentra en la detención de personas con órdenes de aprehensión relacionadas con lesiones u homicidios derivados de disputas. Recordó casos recientes en los que se logró la captura inmediata de presuntos responsables, como el homicidio ocurrido en Calvillo.
En cuanto a la reactivación de carpetas rezagadas, informó que más de 500 expedientes han sido retomados a partir de las audiencias ciudadanas implementadas por la institución. De ellos, alrededor de 200 ya fueron concluidos, mientras que el resto continúa en proceso. El fiscal atribuyó el rezago a una combinación de factores: alta carga de trabajo —con más de 100 denuncias diarias—, falta de personal suficiente y prácticas internas que calificó como negligentes. Afirmó que algunos servidores públicos renunciaron por no adaptarse al nuevo modelo de atención.
Detalló que cerca de 20 ministerios públicos han dejado la institución en los últimos meses y que sus plazas fueron cubiertas mediante un proceso interno de promoción, con exámenes y controles de confianza. Aseguró que no se detectaron actos de corrupción, pero sí conductas que no se alineaban con la estrategia de la Fiscalía.
Alonso García sostuvo que la institución avanza en la sistematización de procesos, el fortalecimiento de la mediación en delitos no graves y la profesionalización del personal, aunque reconoció la necesidad de ampliar la plantilla de ministerios públicos, peritos y policías de investigación.
La entrevista deja ver una Fiscalía en proceso de ajuste, con avances operativos y administrativos, pero también con retos estructurales que continúan impactando la atención a víctimas y la resolución de casos.