Propuesta legislativa busca ampliar periodo ordinario y debate se centra en criminalización de vapeadores

by Enlace Noticias

La Cámara de Diputados enfrenta un doble frente legislativo con iniciativas que marcan el ritmo de la discusión política. Por un lado, la coordinadora Ivonne Ortega Pacheco presentó una propuesta para que el segundo periodo ordinario de sesiones inicie el 15 de enero y concluya el 31 de julio, con el objetivo de reducir los prolongados recesos y atender el rezago acumulado de más de 3 mil 500 iniciativas que quedaron sin análisis y fueron declaradas concluidas. Ortega subrayó que el Reglamento establece un plazo de 90 días para dictaminar, pero en la práctica los asuntos se han prorrogado indefinidamente, lo que ha generado un rezago recurrente. La iniciativa plantea extender el segundo periodo de tres a seis meses y medio para dar salida a los temas pendientes.

En paralelo, el Pleno se prepara para discutir una medida que busca imponer penas de cárcel de 1 a 8 años por la compra, almacenamiento o posesión de vapeadores. La propuesta ha generado polémica al señalarse que México sería el primer país en criminalizar este tipo de conductas, sin precedentes internacionales. Legisladores advirtieron que la criminalización podría detonar un mercado negro y aumentar riesgos sanitarios, en línea con experiencias globales y advertencias de la Organización Mundial de la Salud, que han mostrado que las prohibiciones suelen derivar en productos de baja calidad y mayor exposición a riesgos.

La diputada Irais Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que las políticas prohibicionistas han demostrado ser ineficaces y que la alternativa debería ser la regulación. Propuso establecer controles de calidad, limitar el acceso a menores de edad y aplicar impuestos especiales a productos de tabaco, cuyos recursos podrían destinarse a campañas informativas y acciones de salud pública.

La crónica legislativa refleja un Congreso que busca ajustar sus tiempos para enfrentar el rezago y, al mismo tiempo, se adentra en un debate sobre políticas de salud pública que podrían colocar a México en un escenario inédito en materia de regulación y sanciones.

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