Por mayoría de votos, se aprobó la desincorporación del dominio público al privado de cuatro predios ubicados dentro del fraccionamiento Punta del Cielo, mismos que pasarán a manos de la inmobiliaria Punta Maya S.A. de C.V.. La acción fue justificada por las autoridades como el cumplimiento de una sentencia definitiva emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, pero la votación no estuvo exenta de señalamientos por presuntos intereses partidistas y favoritismo inmobiliario.
Con 14 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, el cabildo avaló un dictamen que desató una serie de acusaciones por parte de la regidora Marta Márquez, la única en oponerse y, desde el pleno, arremetió contra la administración municipal, a la que acusó de “regalar patrimonio público” a una empresa privada con el respaldo de un tribunal que —dijo— “fue formado por y para el PAN”Todo comenzó cuando la desarrolladora Punta Maya modificó su proyecto inmobiliario: de vivienda horizontal pasó a vivienda vertical. Esa transformación redujo el área que debía donar al municipio, lo que derivó en un juicio administrativo iniciado en 2022. La empresa exigía que se le devolviera el excedente de superficie entregado en su momento como área de cesión.
El litigio escaló y, tras una serie de recursos y amparos, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado resolvió en 2025 que el Ayuntamiento debía devolverle más de 20 mil metros cuadrados a la empresa. Así se originó el dictamen presentado ante el Cabildo, cuya aprobación era necesaria para ejecutar la sentencia.
Durante la discusión del punto, varios miembros del Cabildo insistieron en que no se trataba de una decisión política, sino de una obligación jurídica.
“El dictamen es parte del cumplimiento de una sentencia jurisdiccional definitiva. No podemos apelar porque el municipio actúa como autoridad, no como particular”, explicó el secretario del Ayuntamiento, Enrique Gallo.
El regidor Abel Luévano reforzó la postura: “Nuestra labor como gobierno es hacer efectivo el Estado de Derecho, nos guste o no la sentencia”.
Por su parte, Alejandro Serrano ofreció una cronología detallada del caso legal, subrayando que el proceso fue avalado por las comisiones de Bienes Inmuebles, Gobernación y Desarrollo Urbano antes de llegar a votación del pleno.
La regidora Marta Márquez no solo votó en contra: protagonizó una de las intervenciones más intensas , denunció que el procedimiento es ilegal porque no se presentó dictamen de la comisión edilicia ni del comité de bienes, y aseguró que todo el proceso tiene fondo político.
“Esto es la nueva forma de robar del PAN: roban y presumen. No hay firmas del alcalde ni del secretario del Ayuntamiento en el dictamen, ¿creen que así se libran de la responsabilidad?”, cuestionó.
También exigió que se revelaran los nombres de los accionistas de la empresa Punta Maya, afirmando que “todo Aguascalientes sabe quién está detrás del fraccionamiento Punta del Cielo”.
Aún más delicada fue su acusación contra el Tribunal que resolvió el caso. Según Márquez, está conformado por personajes afines al PAN, como Jaime Beltrán, exsecretario del Ayuntamiento, y otros cinco magistrados que —afirmó— tienen historial panista.
“Es un tribunal a modo, el Tribunal de la Injusticia Administrativa”, dijo. “Este dictamen no tiene sustento legal, es un acto de despojo disfrazado de legalidad”.
El regidor Enrique Sánchez, integrante de Morena, reaccionó a los señalamientos de Márquez, quien insinuó que los regidores que aprobaran el dictamen formarían parte de un “cártel inmobiliario”.
“Rechazo categóricamente esa acusación. Llevo más de 30 años viviendo honradamente. No me han ofrecido terrenos, ni casas, ni nada parecido”, respondió.
Aunque votó a favor del dictamen, Sánchez advirtió que hay deficiencias en el proceso legislativo interno del cabildo, y propuso que en próximas sesiones se cumpla a cabalidad con el artículo 46 del Código Municipal, que exige la presentación clara y pública de los motivos de cada dictamen antes de su votación.
Con este resultado, el Cabildo ordenó cumplir con la resolución del tribunal y proceder con la entrega de los predios, que en conjunto suman más de 20 mil metros cuadrados, ubicados en zonas de alto valor inmobiliario.