Las afectaciones que cada temporada de lluvias provocan en distintas ciudades del país no solo implican pérdidas materiales para las personas, sino también posibles responsabilidades legales para los gobiernos municipales o estatales. Entre los escenarios más comunes se encuentra el daño a vehículos ocasionado por inundaciones atribuibles a la falta de mantenimiento del sistema de drenaje o alcantarillado.
En términos legales, este tipo de situaciones encuadra en la figura de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, contemplada en diversas leyes federales y locales. Esta figura obliga a las autoridades a reparar económicamente los daños causados a los particulares cuando estos derivan de su mal funcionamiento o de la omisión de sus obligaciones legales.
El principio es claro: si una entidad de gobierno deja de cumplir con su deber de mantener en condiciones adecuadas la infraestructura pública —en este caso, el sistema de desagüe urbano— y dicha omisión provoca una afectación directa a una persona, como la pérdida o daño de un automóvil, entonces el afectado tiene derecho a solicitar una indemnización.
La reclamación debe presentarse ante la instancia correspondiente en el ámbito estatal o municipal, y para ello se requiere documentar de forma adecuada el hecho. Es indispensable contar con evidencias como fotografías del lugar del incidente, facturas de reparación o dictámenes técnicos de pérdida total, así como información que vincule el daño con la deficiencia del sistema de drenaje, lo que puede probarse con notas periodísticas, reportes del clima o testimonios.
Este procedimiento no es automático. El afectado debe promover una reclamación formal dentro de un plazo que comúnmente no excede el año a partir del hecho, de acuerdo con la legislación aplicable. También deberá demostrar que el daño no fue resultado de un caso fortuito o de fuerza mayor, sino de una falla atribuible a la autoridad.
Las indemnizaciones pueden incluir el costo de reparación del vehículo, el pago por pérdida total, los gastos de arrastre y, en algunos casos, una compensación por el tiempo que el propietario quedó sin transporte.
El llamado es a ejercer este derecho con conocimiento y oportunidad. El deterioro urbano no es una fatalidad inevitable, sino una responsabilidad administrativa cuya omisión tiene consecuencias. Las personas afectadas no deben asumir de forma individual los costos de una falla pública que tiene responsables identificables y vías jurídicas para ser resarcida.