La participación de ciudadanos colombianos en hechos recientes de violencia en Michoacán ha puesto en evidencia la creciente transnacionalización del crimen organizado en México, así como vacíos persistentes en las estrategias de inteligencia y colaboración internacional.
En respuesta a las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien denunció la participación de exmilitares de su país como “mercenarios” en cárteles mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la detención de varios colombianos en un operativo en los límites entre Michoacán y Jalisco, donde murieron elementos de la Guardia Nacional tras un ataque con un artefacto explosivo.
Aunque Sheinbaum sostuvo que “no es la primera vez” que se detiene a ciudadanos colombianos en operativos contra el crimen organizado, no ofreció detalles sobre los perfiles de los detenidos, ni confirmó si efectivamente se trata de exmilitares. La falta de claridad en la información y la ausencia de pronunciamientos firmes sobre la infiltración extranjera en grupos criminales mexicanos reflejan un manejo reservado de un tema con implicaciones regionales.
La presidenta señaló que existen canales de comunicación con el gobierno colombiano, y mencionó una propuesta previa —sin precisar avances concretos— para conformar un grupo de alto nivel en temas de seguridad. No obstante, las declaraciones de ambos gobiernos revelan una descoordinación en la narrativa oficial, mientras los hechos en el terreno, como el uso de artefactos explosivos y la presencia de presuntos mercenarios, superan los mecanismos actuales de control y respuesta.
La ausencia de un pronunciamiento conjunto entre ambos gobiernos sobre el incidente, así como la delegación de información a la Secretaría de Seguridad para “el martes”, genera dudas sobre la capacidad de reacción inmediata ante amenazas transnacionales. Tampoco se precisó si se han identificado rutas de ingreso o redes de reclutamiento que conecten a ciudadanos colombianos con cárteles mexicanos.
Este caso, ocurrido en una de las zonas más violentas del país, plantea un desafío creciente para la administración federal, que ahora enfrenta no solo estructuras del crimen organizado nacional, sino una red más amplia que cruza fronteras y pone en riesgo a las fuerzas de seguridad. La falta de definiciones claras sobre el papel de estos extranjeros en grupos criminales y la limitada rendición de cuentas pública en torno al operativo refuerzan la percepción de que las estructuras de seguridad operan en reacción, más que con prevención estratégica.
El reconocimiento tardío de estos vínculos y la informalidad con la que se ha abordado el diálogo con Colombia contrastan con la gravedad de los hechos en Michoacán. Mientras tanto, la amenaza sigue activa y los vacíos institucionales abren espacios para que actores internacionales encuentren en México un terreno fértil para operaciones criminales.