En los últimos años, hemos sido testigos de una alarmante tendencia hacia la centralización del poder en México. La reciente aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados de la reforma constitucional para eliminar organismos autónomos representa una amenaza directa a los derechos ciudadanos y a la transparencia en la gestión de recursos públicos.
Sin instituciones independientes que emitan resoluciones técnicas y transparentes, la ciudadanía corre el riesgo de enfrentar retrocesos en el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la información pública, la protección de datos personales y la defensa de una competencia empresarial sana. La extinción de estos organismos y la transferencia de sus funciones a la Administración Pública Federal abriría la puerta a la opacidad y la corrupción, además de propiciar una concentración de poder que favorece prácticas monopólicas, incrementando los riesgos de precios elevados y desabasto de bienes y servicios básicos.
Entre las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el Gobierno anterior en febrero de este año se incluye la desaparición de siete organismos autónomos clave:
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)
La eliminación de estos organismos erosiona el equilibrio y la independencia de poderes necesarios para una democracia saludable.
Estos organismos garantizan la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo supervisar el uso de los recursos públicos, evaluar programas sociales y regular la competencia en los mercados. Están respaldados por personal técnico altamente capacitado que asegura que sus decisiones estén libres de conflictos de interés y dedicadas a proteger los derechos ciudadanos y optimizar los servicios públicos.
Contrario a lo que se ha argumentado, los organismos autónomos no representan un gasto significativo para el país. Su eliminación apenas supondría un ahorro de 0.05% en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que demuestra que su existencia tiene un impacto mínimo en términos económicos pero fundamental en el desarrollo institucional.
Los organismos autónomos representan contrapesos democráticos que permiten la participación ciudadana y brindan mecanismos de supervisión gubernamental. Su desaparición limitaría gravemente la capacidad de la sociedad para exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos fundamentales.
Impacto de la desaparición de organismos autónomos
INAI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es esencial para proteger el derecho de los ciudadanos a conocer cómo se utilizan los recursos públicos y exigir cuentas al gobierno. Sin el INAI:
México podría caer en una etapa de opacidad, dificultando investigaciones sobre corrupción.
Los ciudadanos perderían la capacidad de acceder a información sobre el gasto público.
No habría mecanismos efectivos para proteger la privacidad de los datos personales.
COFECE
La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) asegura que los mercados operen de manera justa. Sin la COFECE:
La formación de monopolios podría aumentar, elevando los precios de bienes y servicios.
La calidad de los productos podría disminuir debido a la falta de competencia.
IFT
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) regula los servicios de telecomunicaciones. Sin el IFT:
Los costos del acceso a internet y otros servicios de telecomunicaciones podrían elevarse.
La calidad del servicio podría reducirse, con más interrupciones y problemas de conectividad.
COPARMEX hace un firme y urgente llamado al Senado y a todos los actores políticos a reflexionar sobre la ruta de centralización del poder que debilita los contrapesos institucionales y afecta el equilibrio democrático en México. La propuesta de eliminar estos órganos autónomos representa un retroceso que socava la transparencia, la rendición de cuentas y la participación democrática.
Reiteramos nuestro compromiso con una democracia robusta y equitativa, donde las instituciones sean fuertes, independientes y garantes del bienestar común. Exhortamos al Poder Ejecutivo y al Legislativo a fortalecer, no a debilitar, las instituciones, y a priorizar una visión de país que respete el Estado de Derecho y fomente la participación activa de todos los ciudadanos.