El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, presentó el 7 de octubre de 2024 una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Reforma Judicial aprobada por el partido Morena en ambas Cámaras y en los Congresos locales. Según Cortés, esta reforma en realidad oculta un objetivo electoral, al proponer que jueces y magistrados sean electos directamente por la ciudadanía.
La acción argumenta que el proceso de selección de jueces, que sería organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y calificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, transforma la reforma judicial en una reforma electoral. Cortés destacó que esta modificación no solo altera el proceso de selección, sino que también establece un nuevo modelo electoral, que incluiría la elección de miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en una misma jornada.
Además, el dirigente del PAN enfatizó que se le otorga a la SCJN una facultad para calificar la elección de magistrados de la Sala Superior, creando una excepción formal que permitiría la intervención del alto tribunal en procesos electorales. Este cambio, a su juicio, representa una preocupación significativa respecto a la independencia del poder judicial.
Cortés también subrayó que la reforma plantea la creación de casillas especiales sin la supervisión de representantes de partidos políticos en el escrutinio de votos, lo que podría comprometer la transparencia y la certeza electoral. La necesidad de un nuevo mecanismo de supervisión, junto con la complejidad de los procesos electorales, exigiría una reorganización significativa de las autoridades electorales, tanto en el diseño de las boletas como en el seguimiento y sanción de la jornada electoral.
En su impugnación, el PAN destaca diversas violaciones al proceso legislativo, incluyendo la falta de cumplimiento de suspensiones judiciales que ordenaron la paralización del proceso, así como vicios procesales en la identificación de los participantes durante las votaciones. También se menciona la acelerada aprobación de la reforma en estados como Oaxaca, donde fue validada en menos de dos horas tras su aprobación en el Senado.
Finalmente, Cortés argumentó que esta reforma vulnera la progresividad de los derechos fundamentales de la ciudadanía, comprometiendo la división de poderes, la independencia judicial, la imparcialidad y el debido proceso legal, además de eliminar las suspensiones de amparos.
La acción de inconstitucionalidad de Cortés añade un nuevo capítulo al debate sobre la reforma judicial y su impacto en la estructura del poder en México, generando expectativas sobre la postura de la SCJN ante estas preocupaciones.