El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y la Secretaría Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos han expresado enérgicamente su rechazo a la Reforma Judicial impulsada por el partido Morena, la cual fue aprobada en comisiones y es vista como un grave atentado contra la independencia judicial y los derechos humanos en México.
La dirigencia del PAN señaló que esta reforma, promovida sin el debido diálogo ni consenso, pone en peligro la estructura democrática del país al debilitar uno de los pilares fundamentales de la democracia: la independencia de la judicatura. La propuesta de elegir a los jueces mediante voto popular, bajo la influencia de intereses políticos, compromete la imparcialidad del sistema judicial y abre la puerta a su politización, lo que podría resultar en la captura del Poder Judicial por parte de poderes políticos.
Diversos organismos internacionales han alzado la voz ante esta amenaza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido peticiones de intervención por parte de más de mil jueces y magistrados, quienes advierten sobre la posible afectación a sus derechos laborales y el desmantelamiento de los órganos de control y garantía de derechos humanos. Además, Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, expresó su profunda preocupación por la posible intimidación y las interferencias que la reforma podría generar en el sistema judicial mexicano.
Organizaciones como WOLA han subrayado los riesgos que la reforma implica para los derechos humanos, advirtiendo que podría perpetuar la impunidad y el abuso, dejando a la población más vulnerable sin protección ante las arbitrariedades del poder.
La preocupación por esta reforma no se limita a los organismos de derechos humanos. Bank of America (BofA), el segundo mayor banco de Estados Unidos, ha manifestado su inquietud, calificando la reforma judicial como la más preocupante y trascendental de las 20 reformas del “Plan C” del presidente López Obrador. Según BofA, la reforma podría tener enormes implicaciones para la democracia en México, generar mayor volatilidad en los mercados financieros y afectar la estabilidad política y económica del país.
Además, las Facultades de Derecho de nueve prestigiosas universidades, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), han rechazado categóricamente la reforma, destacando la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial para el correcto funcionamiento del sistema democrático en México.
El Partido Acción Nacional reafirmó su compromiso inquebrantable con la defensa de las libertades y los derechos humanos en el país. «No permitiremos que se desmantele la democracia ni que se vulnere la independencia judicial en nuestro país», concluyó el comunicado del PAN, que se comprometió a luchar hasta las últimas consecuencias para proteger la justicia y la democracia en México.