La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), ha dado un paso significativo al aprobar una serie de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas reformas, que amplían el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, han generado un amplio debate en el ámbito legislativo y entre la sociedad en general.
El dictamen aprobado por la comisión modifica el artículo 19 de la Constitución para incorporar nuevos delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, una medida que obliga al juez a ordenar la detención preventiva de una persona antes de que se dicte una sentencia. Los nuevos delitos incluidos son:
Extorsión
Narcomenudeo
Actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas
Defraudación fiscal
Contrabando
Actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales
Estas reformas responden a la creciente preocupación por la expansión de delitos como la extorsión y el narcomenudeo, especialmente en relación con el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha provocado una crisis de salud pública en diversas regiones de México y el mundo.
El debate en torno a estas reformas ha sido intenso. Durante la discusión en lo particular, varios diputados expresaron su apoyo a las reformas, argumentando que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta esencial para el control de la criminalidad y la protección de la sociedad.
Por ejemplo, el diputado Ismael Brito Mazariegos (Morena) subrayó la importancia de la reforma para combatir la evasión fiscal, una práctica que, según él, ha debilitado las finanzas públicas. De manera similar, el diputado Armando Antonio Gómez Betancourt (PVEM) defendió la necesidad de penalizar con mayor severidad delitos relacionados con el narcomenudeo y el contrabando, argumentando que estas medidas son cruciales para la seguridad y el orden social.
Sin embargo, la reforma también enfrentó una fuerte oposición. Diputados como Paulina Rubio Fernández (PAN) y Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) advirtieron sobre las posibles violaciones a los derechos humanos que podrían derivarse de la expansión de la prisión preventiva oficiosa. Rubio Fernández señaló que esta medida afecta desproporcionadamente a las personas más vulnerables, ya que muchas de ellas permanecen en prisión sin una sentencia. Por su parte, Moreira Valdez destacó que la prisión preventiva oficiosa contraviene las recomendaciones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha instado a México a eliminar esta práctica.
El diputado Braulio López Ochoa Mijares (MC) fue aún más crítico, al afirmar que la prisión preventiva oficiosa es una medida ineficaz que no ha demostrado ser efectiva en la reducción de la criminalidad. Según él, la inclusión de más delitos en el catálogo solo servirá para saturar aún más el sistema penitenciario y perpetuar la injusticia.
Las implicaciones de estas reformas son profundas. Por un lado, los defensores argumentan que la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es necesaria para enfrentar la creciente amenaza de delitos graves como el narcomenudeo y la defraudación fiscal, que erosionan tanto la seguridad pública como la economía del país.
Por otro lado, los críticos señalan que esta medida puede resultar contraproducente al aumentar el número de personas encarceladas sin juicio, lo que podría derivar en violaciones a los derechos humanos y un uso indebido del sistema de justicia penal.
La reforma también incluye disposiciones transitorias que obligan al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales a armonizar sus leyes con el nuevo marco constitucional en un plazo de 180 y 365 días, respectivamente. Además, se establece que las erogaciones necesarias para la implementación de estas reformas se realizarán con cargo a los presupuestos ya aprobados, sin que se autoricen recursos adicionales.
La aprobación de estas reformas por la Comisión de Puntos Constitucionales es un paso importante en la lucha contra ciertos delitos que afectan gravemente a la sociedad mexicana. Sin embargo, también plantea serios desafíos en términos de derechos humanos y la eficacia del sistema de justicia penal. A medida que el dictamen avance hacia su discusión en el pleno, es probable que el debate sobre la prisión preventiva oficiosa continúe siendo un tema central en el panorama legislativo del país.